Un tribunal de Caracas decretó prisión preventiva para el general retirado y dirigente opositor Antonio Rivero, quien se declaró en huelga de hambre tras ser detenido el sábado por supuestamente promover la violencia en las movilizaciones opositoras tras las elecciones del 14 de abril.

Según un comunicado de la fiscalía, Rivero fue imputado "por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir y asociación para delinquir" y el tribunal "dictó la medida privativa de libertad para el imputado", tras lo cual se fijó como lugar de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A la salida del tribunal, José Vicente, hermano de Rivero, leyó un carta escrita por el general retirado, que también fue director de Protección Civil entre 2003 y 2008, en la que el detenido aseguraba no haber comido nada desde el sábado y se declaraba oficialmente en huelga de hambre.

"Hago del conocimiento, ante mi absoluta consideración de inocencia por los delitos que se me imputan y mi privación del más sagrado derecho, mi libertad, que me declaro en huelga de hambre, habiendo ya dejado de consumir alimentos desde el mismo momento de mi aprehensión", escribió Rivero.

Rivero fue detenido el sábado al mediodía tras acudir a una reunión con el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, quien lo convocó para aclarar los señalamientos en su contra, luego de que el gobierno difundiera un video en el que éste presuntamente organizaba una protesta de estudiantes tras las presidenciales.

Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, calificó este lunes a Rivero como "el primer preso político" del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien la oposición no reconoce, y explicó que el video muestra cómo el general retirado "estaba llamando" a los estudiantes a seguir los lineamientos del líder opositor Henrique Capriles y "a no entrar en el camino de la violencia".

Las protestas tras las elecciones, convocadas después de que la oposición no reconociera la estrecha victoria de Maduro, dejaron nueve muertos y decenas de heridos, según la fiscalía. El gobierno responsabiliza de los muertos y heridos a los dirigentes opositores, entre ellos a Capriles, a quien ha amenazado con mandarlo a la cárcel.

Por su parte, Carlos Vecchio, miembro del comando de campaña Simón Bolívar -de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática-, denunció que "toda esta persecución busca tapar la verdad de todo lo que ocurrió el 14 de abril",

"El gobierno tiene dos problemas de fondo: no tiene legitimidad y le falta liderazgo", agregó, refiriéndose a la pérdida de casi 700.000 votos por Maduro en relación a los que había conseguido el fallecido Hugo Chávez el pasado 7 de octubre.

López, a quien la fiscalía también imputó en febrero por tráfico de influencias en un caso de financiación ilegal de partidos, aseguró que Rivero fue en realidad detenido el sábado por sus reiteradas denuncias sobre la presencia de militares cubanos en las Fuerzas Armadas y aseguró que llevarán su caso "ante instancias internacionales".

A raíz de esas denuncias, Rivero, que en el pasado tuvo buenas relaciones con el chavismo, ya fue imputado en agosto de 2010 por la presunta comisión de los delitos de "ultraje" a las Fuerzas Armadas y revelación de informaciones castrenses secretas, pero su juicio sigue pendiente.

Según explicó a la AFP su abogado Guillermo Heredia, quien aseguró que no existen pruebas que sustenten la acusación, la defensa estudiará el recurso de apelación contra esta decisión y la fiscalía tiene un plazo de 45 días "para terminar la investigación"./AFP

 

Arranca auditoría electoral pese a rechazo opositor

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano inicia este lunes la auditoría de las elecciones presidenciales con una reunión técnica con los partidos políticos, en la que no se espera la presencia de la oposición, luego de que su líder Henrique Capriles rechazara el proceso de revisión por no ser exhaustivo.

La auditoría, cuyos términos fueron anunciados por el CNE el sábado, más de una semana después de que el ente comicial se comprometiera a realizarla a petición de Capriles, no incluirá el punto que la oposición consideraba clave para demostrar supuestas irregularidades: la revisión de los cuadernos de votación, que contienen el padrón electoral.

Tras los comicios del 14 de abril, Capriles supeditó a la auditoría su reconocimiento de los resultados, que dieron como ganador al chavista Nicolás Maduro por 1,49 puntos porcentuales, según datos del CNE actualizados este lunes y que ya incluyen los votos del exterior, donde la oposición se adjudicó un 93,13% de los 57.992 sufragios.

Sin embargo, el líder opositor dijo este lunes que la "auditoría que pretenden hacer es una farsa" porque no dará acceso a los cuadernos de votación, "el único instrumento que personaliza el voto".

En vista de la decisión del CNE, que el sábado dijo que las exigencias de Capriles para la auditoría son "imposibles" de aprobar puesto que "no están previstas en el ordenamiento jurídico", la oposición impugnará en los próximos días los comicios ante la justicia.

Por su parte, ni Maduro ni su gabinete se han pronunciado en los últimos días sobre el proceso del CNE.

El cronograma de la auditoría comenzará a correr este lunes con una reunión técnica del órgano electoral y de los partidos políticos que decidan participar, en la que se definirá la muestra aleatoria a auditar del 46% de las mesas que no fueron sometidas a revisión el mismo día de la votación.

Según el reglamento electoral, 54% de las mesas ya fueron sometidas a auditoría el mismo día de los comicios, en un proceso que incluía abrir las cajas, contar los comprobantes de voto (papeletas) y comparar el resultado del conteo con el acta de escrutinio transmitida de forma electrónica al CNE.

Asimismo, la auditoría verifica que el número de votantes que firmaron el cuaderno de votación coincida con el número de votos emitidos, pero no una revisión cualitativa de esos cuadernos, en la que se puedan verificar las firmas y huellas de cada elector.

Capriles ha denunciado que hay "muertos (que) aparecen votando" en los comicios y otras irregularidades que sólo pueden ser verificadas si se revisan uno a uno los cuadernos, que tienen "la prueba de que el voto se corresponde con quien lo ejerció".

La prensa local cita este lunes fuentes del comando opositor que aseguran que son conscientes de "que las actas (electrónicas de escrutinio) dicen lo que dicen los comprobantes (papeletas)" y que por tanto la auditoría "limitada" del CNE saldrá limpia, al no incluir la revisión de los cuadernos.

Los rectores del CNE también han adelantado que la auditoría "por ningún motivo afecta los resultados electorales emitidos" el 14 de abril.

El recuento de votos, que se espera culmine a comienzos de junio, empezará propiamente el 6 de mayo y se realizará en tres ciclos de diez días cada uno, una vez se definan las muestras a revisar y se pongan a punto otros aspectos técnicos.

Crisis abierta

Para el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), al tomar el CNE la decisión de "llevar a cabo el trabajo de auditoría demandado -pero excluyendo la revisión de los cuadernos de votación-, deja abierta la crisis post-electoral".

La decisión del ente comicial "no es suficiente para aclarar las dudas razonables presentadas por el candidato Capriles, respecto al resultado de los comicios", estima esta organización que supervisó el desarrollo del escrutinio.

La violencia que se vivió en el país durante las protestas opositoras posteriores a los comicios dejó nueve muertos, de los que el gobierno culpa a Capriles.

Precisamente este lunes será presentado en tribunales el ex general y dirigente opositor Antonio Rivero, detenido el sábado por presuntamente haber organizado una protesta de estudiantes tras las elecciones, en un acto que la oposición tilda de "fascismo" y "persecución".

La impugnación

Según la ley electoral, Capriles tiene plazo hasta el 6 de mayo para impugnar los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"El próximo paso, como ya he indicado, será la impugnación para agotar todo lo que es la instancia interna, porque no tengo ninguna duda de que esto va a terminar en instancias internacionales", dijo este lunes a medios locales el líder opositor y gobernador del estado Miranda.

Capriles, que explicó que la impugnación será presentada esta misma semana o más tardar el próximo lunes, ha dicho que su objetivo es que los comicios se repitan, así sea de forma parcial en las mesas donde se prueben irregularidades.

El diario opositor Tal Cual destacó por su parte que de la impugnación ante el TSJ no debe esperarse "ningún resultado concreto" ante la "impunidad jurídica" venezolana.

En paralelo, Capriles y otros líderes de la MUD han hablado de acudir a organismos internacionales a denunciar lo que el líder opositor ha catalogado de "robo" en las elecciones.

AFP.