Lógicas distintas y una máxima prudencia diplomática se evidenciaron en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, al poner sobre la mesa el tema de la constitucionalidad y el respeto democrático en Venezuela.

 

A la par de la creciente tensión entre sus titulares, el secretario de la organización, Luis Almagro y el presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, por la posibilidad de que se aplique la Carta Democrática, se sumó un intenso debate en el Consejo Permanente de la OEA sobre una declaración que tenía como fin propulsar un diálogo político en Venezuela.

 

La razón: la mayoría de los países miembro presentaron la propuesta para un diálogo abierto e incluyente entre las partes, pero Venezuela y sus aliados del socialismo del siglo XXI, Bolivia y Nicaragua, pedalearon simultáneamente otra que pretendía  un  pleno respaldo a la institucionalidad democrática y constitucional del gobierno Maduro.

 

Las diferencias de enfoque fueron más que evidentes y así, la sesión que convocada por Argentina inició con un texto conciliador y moderado que instaba al diálogo entre todos los “actores políticos y sociales de esa Nación para preservar la paz y la seguridad en el país”, rápidamente se trastocó en un acalorado debate sobre los procedimientos, tras  el reproche del representante venezolano, Bernardo Álvarez, de no haber considerado la propuesta que él había presentado.

 

Así, el presidente del Consejo Permanente, el argentino Juan José Arcuri se vio forzado a dar un receso y retomar la sesión pero con la discusión de ambas propuestas, las que intentaron, en vano, configurar en un solo texto. 

 

Si bien, el único punto de coincidencia de ambos proyectos era  apoyar  la mediación internacional liderada por los exmandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero; República Dominicana, Leonel Fernández; y Panamá, Martín Torrijos, para un diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela; el  nudo gordiano, imposible de desatar, fue la pretensión venezolana de que se diera, a la par, “un apoyo al gobierno legítimo, legal y constitucional” de Nicolás Maduro.

 

Fueron largas e intensas las horas de sesión, con argumentos de aquí y allá, pero la “unificación” de los dos borradores no se logró.  Al final, los 34 países miembros de la OEA acordaron un texto que insta a un "diálogo abierto" entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Parlamento opositor e impulsa otras iniciativas que conduzcan “de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa”.

 

Venezuela logró que se incluyera una mención referida a que las iniciativas de mediación se realicen “en pleno respeto a la soberanía” de su país.

 

El único que no fue partícipe del consenso fue Paraguay, que dejó en claro que no podía acompañar una declaración si no incluía del referendo revocatorio que la oposición impulsa contra el mandatario venezolano.

 

La reunión extraordinaria del Consejo Permanente se dio un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro pidió una “sesión urgente” de ese órgano político del ente regional para discutir la crisis “institucional” de Venezuela invocando la Carta Democrática Interamericana.

 

En una carta de 132 páginas al Consejo, Almagro dijo que Venezuela padece una “alteración del orden constitucional” que afecta gravemente “el orden democrático” en ese país. 

 

Almagro propuso realizar esa reunión entre el 10 y 20 de junio, es decir inmediatamente antes o después de la 46ª Asamblea General de la OEA que el ente realizará del 13 al 15 de este mes en República Dominicana.

 

El jefe del organismo continental no participó ayer de la discusión de las propuestas de declaración de Argentina y Venezuela porque “no tiene la lógica en la que él está ubicado”, según dijo su portavoz Sergio Jellinek.

 

Otro esfuerzo diplomático para intentar una salida a la situación venezolana, país al borde del abismo por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, alta inflación, disparada inseguridad y racionamientos eléctricos lo realizaba el titular de la Unasur, el  exmandatario colombiano Ernesto Samper, quien anticipó que  la próxima semana habrá una “nueva reunión” -tras una celebrada por separado en República Dominicana la semana pasada-, y no descartó que esa conversación sea directamente entre las partes.

 

“Ratifico (...) que nos vamos a mantener en la mesa de diálogo de República Dominicana y vamos a respetar todo lo acordado (...) y la ruta trazada para que en Venezuela haya diálogo”, había manifestado por su parte Maduro la noche del martes.

 

Sin embargo, el líder opositor y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles  considera ese diálogo “muerto”, porque  “lo único para lo que quieren el diálogo es para lavarse la cara, porque en este momento la opinión internacional es contra el gobierno”.

 

Exigencias al CNE

 

Y mientras la comunidad internacional  evalúa los caminos a seguir para ayudar a Venezuela, al interior del país la oposición aumenta la presión, al exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique el cronograma del proceso de activación de un referendo revocatorio contra el presidente  Maduro y advirtiendo que si no se realiza este año aumentará el peligro de un estallido social.

 

“Estamos aquí para exigirle a las autoridades electorales que se pongan a tono con la historia, con el sufrimiento del pueblo y liberen las barreras que impiden que el referendo se realice este año”, declaró a la prensa en la sede del CNE el vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, quien encabezó una comisión de siete legisladores.

 

Los diputados fueron recibidos por el rector Luis Emilio Rondón, único afín a la oposición de los cinco rectores del CNE.

 

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa al CNE de estar aliado con el gobierno y de demorar el proceso de activación del referendo para que la consulta no se realice este año.

Márquez advirtió que si el CNE dijera en los próximos días que el referendo no puede hacerse este año “se elevaría la presión social en Venezuela a límites insospechados”.

 

“El pueblo venezolano no se calará (aguantará) que se manosee el revocatorio y se atrase para el interés del gobierno, no se lo calará porque es la única válvula de escape que tiene frente al sufrimiento que está atravesando", subrayó.

 

El país petrolero padece una profunda crisis económica y social -con severa escasez de alimentos y medicinas-, e institucional, con un fuerte choque entre el gobierno y el Parlamento de mayoría opositora, que acusa al poder judicial y electoral de responder a Maduro.

 

“Los lapsos reglamentarios dan perfectamente para que el referendo revocatorio se realice en octubre de este año. Esperamos apego a la Constitución y responsabilidad histórica (...) de permitir que esta crisis tenga una transición pacífica”, afirmó Márquez.

 

Si el referendo se hace antes de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato-, y Maduro lo pierde, se debe llamar a elecciones. Si ocurre el próximo año, sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el propio gobernante.

 

Márquez precisó que dirigentes de la MUD se reunirán hoy con representantes del CNE para conocer el informe de la revisión de 1,8 millones de firmas -nueve veces lo requerido- que entregó la oposición hace un mes para activar el referendo.

 

En caso de que el CNE confirme que un mínimo de 200.000 firmas están correctas, se iniciará un proceso de validación con la huella dactilar. El siguiente paso será recoger otras cuatro millones de rúbricas para finalmente convocar la consulta./EL NUEVO SIGLO con AFP