La Asamblea Nacional aplazó esta noche la aprobación de una ley para facilitar un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, en medio de críticas de la mayoría de sus integrantes al fallo que echó por tierra la ley de amnistía para disidentes presos.

 

La Asamblea Nacional suspendió la segunda discusión del proyecto de referendo revocatorio, que será aprobado por la oposición esta semana, según anunció más temprano el jefe de la bancada Julio Borges.

 

El segundo y definitivo debate de la ley de referendos estuvo marcado por las críticas opositoras al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el lunes declaró ilegal la amnistía aprobada por el Parlamento el pasado 29 de marzo.

 

La oposición suscribió un acuerdo rechazando el fallo, que también lamentó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una declaración que generó la molestia del gobierno.

 

Maduro "le está dando instrucciones al TSJ para que actúe al margen de la Constitución", denunció la diputada Delsa Solórzano, ponente de la norma con la cual la oposición buscaba sacar de la cárcel a por lo menos 76 de sus dirigentes, y que cesaran los procesos contra cientos de "perseguidos políticos".

 

Solórzano cuestionó que mientras el presidente critica la amnistía aduciendo que dejaría impunes violaciones de derechos humanos, recibe en el palacio presidencial de Miraflores a guerrilleros colombianos del ELN acusados de terrorismo, como parte de gestiones de paz.

 

"Es increíble que el gobierno pretenda con un puñito de magistrados, que no ha sido elegido popularmente, negar la soberanía del pueblo", dijo Borges, reiterando que el TSJ es un apéndice del gobierno.

 

Comisión de la verdad 

 

La Sala Constitucional del TSJ declaró ilegal la normativa sobre amnistía alegando que viola la Carta Magna, al incluir "delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos", además de casos de corrupción administrativa.

 

La corte -que sometió la ley a un control de constitucionalidad por pedido de Maduro- también sostuvo que ésta desconocía los derechos de las víctimas.

 

Por su lado, la ley de referendos busca facilitar un revocatorio contra el mandatario socialista, que el próximo domingo cumplirá la mitad de sus seis años de mandato y al que la oposición busca sacar del poder, además, mediante una enmienda constitucional que reduzca su período a cuatro años, junto con movilizaciones que exijan su renuncia.

 

Según la Constitución, el revocatorio podrá ser activado cuando el gobernante cumpla la mitad del período, es decir, el 19 de abril, para cuando el diputado opositor Freddy Guevara convocó a una movilización.

 

El objetivo es que "tengamos el revocatorio este año", afirmó Borges.

 

Pese a las críticas al TSJ, los asambleístas no plantearon nuevas vías para conseguir la excarcelación de sus líderes, entre ellos el radical Leopoldo López condenado a casi 14 años de prisión.

 

Simultáneamente, Maduro instaló hoy una "comisión por la verdad, la justicia y la reparación", como contrapartida de la amnistía, en un acto al que asistió el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.

 

Con el acompañamiento del bloque regional, esa comisión investigará hechos ocurridos desde 1999, con los que según Maduro la oposición pretendió derrocarlo a él y a su antecesor Hugo Chávez (1999-2002).

 

"Retomo la propuesta original de nuestro comandante Chávez de impulsar un gran diálogo nacional para establecer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y buscar la paz a través del perdón con justicia", dijo Maduro durante el acto en Miraflores. 

 

Por su parte, Samper confió en que la iniciativa abra "un camino cierto de diálogo" entre el gobierno y la oposición. "Este problema es de los venezolanos y la solución tiene que venir de los venezolanos", sostuvo.

 

La oposición pidió reunirse con Samper para conocer los alcances de la comisión, pero no trascendió si se produjo el encuentro.

 

Revocatorio con desafío legal 

 

Sin ser aprobada, la ley de referendos ya enfrenta un desafío legal, luego de que una semana atrás el Consejo Nacional Electoral (CNE) señalara a la Asamblea que ese organismo tiene la iniciativa legislativa en cuestiones electorales. 

 

La oposición rechazó la notificación, que abrió la posibilidad de que la ley pueda ser demandada ante la Sala Constitucional, que en los últimos meses emitió varias sentencia polémicas que eliminaron las facultades de control del Congreso sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y frente a los militares.

 

"No es de extrañar que luego de aprobada (...), el conflicto sea elevado a la Sala Constitucional, que tendrá que decidir si la Asamblea podía aprobar la ley sin la iniciativa del CNE", indicó el constitucionalista José Ignacio Hernández. /AFP