La bomba de tiempo que se activó desde años atrás en Venezuela parecería a punto de estallar. Al caos económico y político se sumaron dos hechos que amenazan con ser el detonante: la decisión de Maduro de gobernar bajo un estado de excepción y el portazo que se dará al referendo revocatorio contra el presidente, según tempranero anuncio de su vice.
En un duelo decisivo contra la oposición, el presidente Maduro bajo el trillado argumento de la guerra económica expidió nuevos decretos que contemplan la toma de fábricas improductivas y llevar a la cárcel a los empresarios que según él intentan desestabilizar su gobierno. También ordenó para el sábado la realización de ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa -refiriéndose a Estados Unidos-, y con la que justificó la declaratoria del estado de excepción.
No solo analistas sino ciudadanos del común consideran que estas decisiones presidenciales son una estrategia de un mandatario acorralado para cerrarle el paso al referendo revocatorio que impulsa la oposición y que aunque está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral revise las firmas iniciales que se requieren para dar vía libre al mecanismo de consulta popular, ayer desde el propio Ejecutivo se dio un tempranero portazo a esa intención ciudadana.
]Y lo hizo a través del vicepresidente Aristóbulo Istúriz quien aseguró que "aquí Maduro no va a salir por referéndum porque primero aquí no va a haber referéndum. (...) Ellos -oposición- saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude”.
Y añadió: “tendrán que matarnos a todos nosotros antes de darnos un golpe parlamentario".
Oposición
El líder opositor Henrique Capriles había advertido el sábado sobre un estallido social si el gobierno impide que se celebre el referendo revocatorio contra Maduro. ""Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos qué puede pasar en este país. Venezuela es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio”, al tiempo que llamó nuevamente a salir a la calle el miércoles para presionar una decisión del CNE.
La oposición quiere realizar la consulta en 2016, pues si se la hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.
Expertos consideran que el estado de excepción es parte de la estrategia del mandatario para evitar la realización del revocatorio este año. Según una reciente encuesta de la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de Ejecutivo.
"El gobierno estaría jugando a montar el marco legal para liberar las manos de los militares y poder reprimir" un reclamo en las calles a favor del revocatorio, señaló el analista Benigno Alarcón, recordando que estas medidas suelen restringir el derecho de protesta y autorizan detenciones preventivas sin orden judicial.
Por su parte la experta en temas de seguridad, Roció Sanmiguel consideró que "Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta 2017”.
El tempranero y provocador anuncio de Astúriz elevó aún más la tensión en ese país donde con el pasar de los días se evidencia una autocracia. Líderes opositores como el secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, MUD, advirtieron que “con la declaratoria del estado de excepción, desconociendo al Parlamento, Maduro está incurriendo en una violación de la Carta Magna”. Esa que precisamente librito en mano esgrime cada que anuncia una autónoma y radical decisión.
El presidente venezolano informó a su país al anochecer del sábado que los ejercicios militares tienen como fin prepararse para “cualquier escenario” como una eventual “intervención armada” internacional. Y, además, ordenó tomar las fábricas improductivas y encarcelar a los empresarios que paralicen sus fábricas para "sabotear" al país.
"¡Planta parada, planta entregada al pueblo! (...) Ustedes me van a ayudar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía", lanzó Maduro ante miles de partidarios. Se espera que el decreto que tendrá una vigencia inicial de tres meses -y que amplió una emergencia económica vigente desde enero- se publique hoy.
En la mira 25% del parque industrial
Cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- están en la mira, luego de que el pasado 30 de abril cesaran operaciones por falta de divisas para importar insumos, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.
Polar cubre 80% del mercado cervecero, y sus marcas prácticamente desaparecieron de los expendios, tras lo cual los precios de la competencia se duplicaron en un par de semanas.
El gobernante socialista acusa al presidente del grupo empresarial, Lorenzo Mendoza, de estar a la cabeza de una "guerra económica" para generar desabastecimiento y provocar su caída.
Pero no solo Polar podría ser intervenida, considerando que los empresarios venezolanos aseguran trabajar al 43,8% de su capacidad instalada por deudas con proveedores internacionales, falta de insumos y un severo control de precios que afecta la estructura de costos.
"Estamos hablando de un 25% de todo el parque industrial venezolano" que no cuenta con divisas para reactivar operaciones y podría ser afectado por la medida, advirtió el diputado opositor y economista José Guerra.
El legislador aseguró que esta medida es "el camino hacia el desastre" y contraerá más la economía.
"Tal parece que la decisión oficial es dejar morir a la industria nacional con el consecuente empobrecimiento de los venezolanos", indicó por su parte Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria).
Para el analista Benigno Alarcón, la toma de plantas sería una advertencia a los empresarios de la "suerte que correrían" si cesan operaciones. Pero detrás también estarían grupos económicos que apoyan al gobierno y buscarían "quedarse con los activos" bajo la promesa de ponerlos a producir, añadió.
Como se sabe, Venezuela está sumida en una honda crisis agravada por el desplome del ingreso petrolero, con la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015) y una caída del PIB de 5,7% el año pasado.
En el país con las mayores reservas de crudo del mundo y dependiente de las importaciones, la debacle significa la escasez de más de dos tercios de los alimentos básicos y las medicinas, a lo que se suman los cortes cotidianos de agua y luz, y una violencia galopante.
Todo ello llevó a “disparar” el descontento ciudadano, inclusive en algunos chavistas, y a promover el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, quien realiza una embestida económica, política y judicial para impedirlo. Así las cosas, todo indica que el presidente de Venezuela, ahí está y ahí se queda. /EL NUEVO SIGLO con AFP