El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Julio Borges, amenazó este lunes al banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs con desconocer una compra de bonos por 2.800 millones de dólares al gobierno del mandatario Nicolás Maduro.
"Dada la irregular naturaleza de esta transacción y los absurdos términos financieros en detrimento de Venezuela y su gente, la Asamblea Nacional" investigará la operación y recomendará "a cualquier gobierno democrático futuro que no reconozca o pague esos bonos", advirtió Borges en una carta al banco.
La Asamblea sostiene que este tipo de operaciones tiene que contar con su aval.
El Legislativo venezolano es controlado por una amplia mayoría opositora, aunque sus decisiones son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado a su vez de estar al servicio de Maduro.
Según publicó el domingo el diario estadounidense Wall Street Journal, Goldman Sachs cerró una compra de bonos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con un descuento de 69%.
El banco estadounidense acordó pagar 865 millones de dólares al Banco Central de Venezuela (BCV) -31 centavos por dólar- por la adquisición de títulos emitidos en 2014 con vencimiento en 2022 que valen 2.800 millones de dólares.
"El pueblo de Venezuela y su futuro gobierno democrático no olvidarán de qué lado se paró Goldman Sachs cuando tuvo que decidir entre apoyar la dictadura de Maduro o la democracia para nuestro país", subrayó el jefe parlamentario.
Borges sostuvo que la transacción le otorga un "salvavidas a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos", al tiempo que denunció el "abismal" descuento recibido por la inversora.
Esto "servirá para fortalecer la brutal represión contra los cientos de miles de venezolanos que están protestando pacíficamente por un cambio político en el país", agregó.
Venezuela es escenario desde el 1 de abril de fuertes manifestaciones opositoras que dejan 59 muertos, de los cuales se responsabilizan mutuamente el gobierno y sus contradictores.
Las movilizaciones exigen elecciones generales para anticipar la salida del poder de Maduro, elegido hasta enero de 2019, y han derivado en violentos disturbios.
Borges recordó que la fiscal general venezolana Luisa Ortega (confesa chavista) y países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania han "ratificado la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela por las acciones del régimen y su negativa a realizar elecciones libres y justas".
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