Unos días bastaban para que chocaran los trenes. El vozarrón de Nicolás Maduro, por más que hiciera lo posible por sonar como Chavéz, no pudo impedir que se despertara una institución. Bajo la angustiosa mirada del chavismo, la mayoría de asientos de cuero de la Asamblea Nacional (AN) fueron colmados por la oposición desde el pasado el 5 de enero. Desde entonces, comenzó una carrera entre dos instituciones del Estado, y otras más, que dos meses después tuvo su primer accidente: la colisión del legislativo con el judicial.

Tanto Maduro como la oposición lo sabían. Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano cada cual iba tomar una decisión sin tener en cuentas las repercusiones sobre la gobernabilidad de un país que cada día se hace más inviable. Así, la Asamblea Nacional decretó la crisis alimentaria y Maduro acudió, a grito herido,  al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que aprobara la emergencia económica.

En la academia se habla de “equilibrio de poderes”, un término que en Colombia, salvo en contadas ocasiones, lo usan los políticos para esconder su pérfido deseo por mantenerse inmutables en el poder. Pero en Venezuela esa denominación para referirse a la ponderación entre las ramas del Estado es más confusa que en Colombia. No sólo por la búsqueda incesante para perpetuarse en el poder, sino porque dividir las ramas en la práctica es inaplicable, ante la cooptación total del chavismo.

Lo anterior no dice nada nuevo. Desde que llegó el chavismo los poderes públicos han estado manejados a diestra y siniestra por los líderes oficialistas. En Venezuela existen cinco, a diferencia de Colombia que tiene tres. Como si fueran piezas de ajedrez, el oficialismo ha puesto alfiles, torres y peones en instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el TSJ, donde ha  nombrado a sus caballos de batalla.

Pero las últimas elecciones le jugaron una mala pasada. Una de las instituciones más preciadas, el Congreso, ahora es dominado por la oposición ante un oficialismo que, no acostumbrado al más mínimo control, se somete a sus medidas. Con ese miedo inescrupuloso por perder el poder, se escuda en las otras cuatro ramas que tiene bajo su arbitrio: ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral.

Esta  vez, como en muchas otras, el protagonista de un nuevo encontronazo fue el Tribunal de Justicia, que chocó con una latente oposición, que tiene el deseo de ¿Revancha? No es revancha, sino un ánimo intacto por reformar o volver a la Constitución de 1999, según los opositores.

Diferencias “hermenéuticas”

Tanto oposición como chavismo han dicho, como era de esperarse, que hubo una interpretación errónea  de la Constitución Política de Venezuela. Ante la declaratoria de vigencia de la Emergencia Económica, en contravía a lo decidido por la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, presidente de la misma y adalid de la causa opositora dijo que "El TSJ cree que se da el lujo de interpretar la Constitución, contra el propio texto de la Constitución".

Ramos Allup no sólo se ampara en la Constitución. Su defensa de la inconstitucionalidad del decreto parte de las declaraciones textuales de Maduro, cuando lo presentó ante la AN con el ánimo de que fuera aprobado en las sesiones ordinarias, y señaló que el parlamento contaba con ocho días para pronunciarse al respecto. Justamente los ocho días son la base de esta disputa cobijada por la animadversión política.

El tiempo, y sus componentes: días, horas minutos, son el detonante de cualquier problema de orden legal; un minuto puede tumbar a un presidente. Y aquí ni fue la excepción. El supuesto bajo el cual el Tribunal justificó su fallo fue una interpretación del tiempo. Según este, el parlamento se debió haber pronunciado sobre el decreto de emergencia en 48 horas, un periodo, que además de ser el lapso que dura el fin de semana, resulta extremadamente corto para tener una decisión de fondo sobre un tema de semejante calibre.

La Sala Constitucional del Tribunal argumentó que los diputados debieron  analizar el polémico decreto  48 horas después que hubiese aparecido en la Gaceta Oficial, según el artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción. La oposición, sin embargo, señaló que el artículo 339 de la Constitución presenta un tiempo de ocho días para pronunciarse sobre este tipo de medidas.

Como quien dijo: Kelsen se tomó Venezuela y escudriñó en sus normas  para empoderar a oficialistas y opositores para hacer sus elevadas interpretaciones legales. Valdría más que en la tierra de Andrés Bello no existieran juristas que llevarán la ley al plano metafísico del tiempo. Lo cierto es que si fuera por el austriaco Kelsen, la oposición tendría razón porque  la Constitución es “texto de textos”, es decir, está por encima de cualquier otra ley, pese a la especialidad de alguna de ella como en el caso el artículo 27 de la ley de excepción.

Las diferencias hermenéuticas se quedan, como siempre, en un estado de discusión permanente, y más en  Venezuela. Además, esconden finalidades políticas, como se evidencia en ese país. Porque el chavismo puede empezar a legislar con medidas extraordinarias a favor de los venezolanos pero, probablemente, también buscará hacerlo para  aferrarse en el poder.

El decreto de emergencia es como un trampolín que puede impulsar un largo salto o  un penoso descalabro después de un resbalón previo. En Venezuela, por ahora, el escenario está muy resbaladizo,  ante las inconvenientes declaraciones de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Ricardo Molina, diputado chavista anunció: “"Declaremos emergencia y pidamos al presidente Maduro que intervenga de inmediato todo el sistema de producción de alimentos en Venezuela, público y privados y los centros de distribución".  A primera vista es un leve control. Pero luego, manifestó: “Con la declaratoria intervenga la Polar y sincere la producción de harina de maíz en Venezuela", describiendo las medidas que él y varios de sus copartidarios le pedirían al desprestigiado Maduro.

Según Molina, el 90 por ciento de los camiones pertenecen al sector privado y no operan efectivamente. Si bien, parte de su afirmación puede ser parcialmente cierta, el camino para abastecer al pueblo venezolano no debe ser mediante decretos de emergencia que le den a Maduro potestades extraordinarias.

Mientras tanto la oposición estudia una lista de proyectos en la Asamblea Nacional sobre la Titularidad de las Viviendas, Bonos de Alimentación de Pensionados y Jubilados, que de ser aprobados, generarían escozor en el chavismo. Pero estos no se comparan con el ya anunciado proyecto que propone acortar de seis a cuatro años el mandato del jefe de Estado, que en el caso de Maduro, se cumplirían en enero de 2017.

Venezuela, como se ve, no muestra un acercamiento mínimo entre oposición y chavismo. Cada vez, por el contrario, se distancian más. Y sólo se encuentran cuando chocan los trenes que respectivamente representan.  Como ahora.