La preocupación que ya es mundial por el creciente riesgo de un estallido social violento en Venezuela llevó al inesperado surgimiento de una mediación internacional, que buscará un entendimiento entre el gobierno Maduro y la oposición, pero que de antemano se presume será un “diálogo de sordos” por las radicales y abismales posiciones de las partes.

 

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, encabeza la labor mediadora, a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, y tiene  no sólo la difícil tarea de sentar en la mesa de negociaciones al presidente Nicolás Maduro y a los líderes opositores, sino la misión casi imposible de lograr un entendimiento que lleve a solucionar la cada vez más grave crisis política.

 

Y la misión mediadora es consciente que su intento será largo pero sobre todo difícil, porque según señaló el propio Zapatero “debe ser un diálogo nacional que aborde los problemas sociales, económicos, institucionales, de convivencia pacífica, de libertades”.

 

Pero con la misma rapidez que surgió el intento mediador, emergieron las duras posiciones de las partes frente a lo que debería ser el objetivo del diálogo. Maduro fue enfático en señalar que espera que el mismo sirva para que la oposición “ceda a su actitud golpista”, mientras que ésta indicó que debe ser “serio y por tanto debe priorizar un referendo revocatorio contra el mandatario”.

 

Bajo esta tónica, de antemano la labor de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández (R. Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) se vislumbra titánica, pese a la  voluntad política expresada por las partes y el anhelo de la comunidad internacional, que desde Estados Unidos hasta los gobiernos latinoamericanos se hizo público con sendas declaraciones.

 

Esta gestión internacional surgió en medio de un estado de excepción declarado hace una semana por Maduro, y después que el miércoles ocurrió un nuevo y violento pulso callejero entre las fuerzas del orden y la oposición que pretendía llegar hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para que se pronuncie sobre las firmas recogidas, en un primer paso para activar el mecanismo del referendo revocatorio, que de no darse este año (se podría convocar a elecciones) permitirá que el próximo  si es avalado el que suceda a Maduro sea su actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, un chavista tan o más radical.

 

Bajo el régimen excepcional, Maduro ordenó, entre otras acciones,  realizar ejercicios militares preventivos ante la amenaza de una “intervención extranjera” (incluye patrullaje en las fronteras) , se apresta a tomarse empresas que tilda de improductivas, como en el caso de Polar que debió parar la producción por falta de materia prima; habilitó a los comités locales ciudadanos a ejercer vigilancia y hasta utilizar la fuerza para garantizar el orden  en los expendios de alimentos y  amenazó con decretar la conmoción interior si la oposición “insiste en hechos golpistas violentos, lo que implicaría una mayor restricción a las libertades individuales.

 

El hijo político del desaparecido Hugo Chávez se abrogó superpoderes, desde diciembre pasado con el saliente Parlamento de mayoría chavista, porque sabía que ante la difícil situación económica, la que atribuye reiteradamente a una “guerra” orquestada desde el exterior, no podría sostenerse en el poder.

Maduro es consciente de que no puede gobernar dentro de la Constitución y por ello, también, tiene a otras instituciones a su haber como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional Electoral. Ejemplos que ilustran que esas son “instituciones del bolsillo presidencial”, que el TC avala todas las decisiones gubernamentales, pese a haber sido rechazadas por la Asamblea Nacional, ahora de dominio opositor, como el decreto de emergencia económica y el estado de excepción; o el prolongado e injustificado silencio de la autoridad electoral en el proceso de verificación de firmas para el referendo revocatorio.

 

Y a este caldeado ambiente político hay que sumarle la desesperación ciudadana por la caótica situación que  viven a diario: no hay comida, ni medicinas, ni empleo. Después de hacer largas filas para abastecerse de productos de primera necesidad como azúcar, café, leche, harina, papel higiénico o pañales, no los encuentran en los mercados que el gobierno ha designado para tal fin o si están de suerte, hay pero tienen restricciones para adquirirlos.

 

El descontento es general, aquí no se distingue si es opositor o chavista. Tampoco si se es empleado o miembro de las poderosas Fuerzas Armadas. A todos,  el caos económico está tocando por igual. Es una situación muy crítica.

 

Con maniobras de todo tipo, desde su consabida verborragia aduciendo la situación a un complot pedaleado por el “imperio”, o la guerra verbal con el secretario general de la OEA, Luis Almagro quien esta semana  lo tildó de “mentiroso”, “traidor” y “dictadorzuelo”, recibiendo de inmediato la respuesta de  “eres una escoria imperial”, hasta la demostración de su músculo militar con los operativos en cuarteles y zonas de frontera, Maduro busca distraer la atención nacional e internacional frente a la realidad venezolana: un país en ruinas, sin comida y al borde del abismo.

 

Frente a ello y como ha sido tradicional, las Fuerzas Armadas son clave para que el Gobierno se mantenga o caiga. Por lo pronto están firmes con Maduro, aunque comienza crecen los rumores en torno a un “ambiente de división” entre la cúpula y las bases de los uniformados.  La alta jerarquía se ha politizado. Apoyan a Maduro porque salieron de los cuarteles para tener don y mando en el campo político (gabinete), económico (sectores estratégicos como el petrolero) y militar (Guardia Nacional y  demás fuerzas armadas) 

 

En el campo político, de una treintena de ministros, diez son militares: seis activos y cuatro retirados. Carteras prioritarias como el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Tierras, y Pesca y Acuicultura, son conducidos por uniformados, que tienen ante sí el desafío de la severa escasez de alimentos que agobia a los venezolanos. La crisis energética también ha sido gestionada por otro militar, a través de una batería de medidas que incluyen racionamientos en casi todo el país.

 

En el sector económico, un  canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora son algunas de las empresas controladas por los militares, quienes sumaron un nuevo activo el pasado 10 de febrero con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), ahora corazón del “motor industrial militar”.

 

Y, en su propio campo, el militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con 165.000 efectivos, 25.000 en reserva y otros miles de la llamada milicia popular. Actualmente está dotado con armamento y tecnología militar de sus nuevos mejores aliados estratégicos: Rusia y China.

 

La  balanza de poder está hoy inclinada y marcada hacia el gobierno Maduro. La oposición intenta que el fiel de la balanza cambie, pero el peso lo tiene, sin duda, los militares. Por lo pronto hay expectativa  porque  el diálogo que impulsa la mediación internacional sea productivo, serio y eficaz para hallar solución a la crisis venezolana. Sin embargo las esperanzas son pocas ante las duras posiciones de las partes, que solo coinciden en  que se debe evitar  la violencia.