Por Giovanni E. Reyes (*)
EVIDENTEMENTE el chavismo ha caído en la trampa de su propia legitimidad. Crea leyes “revolucionarias” que ahora niega, que ahora lo sofocan. Aún quedan en el recuerdo las largas peroratas mediante las cuales el fallecido Presidente Hugo Chávez (1954-2013) arengaba a la población reiterando que uno de los logros más importantes de la “revolución socialista del Siglo XXI” había sido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada el 15 de diciembre de 1999. Puntualizaba el dirigente y en general su gobierno, que era la constitución más avanzada del mundo.
De la matriz legal que sustentó esa constitución surge la posibilidad del revocatorio. En efecto, a mitad del período presidencial -–establecido en seis años- mediante los correspondientes procesos legales, se puede retirar a un presidente del ejercicio de su mandato. Se trata de algo legal, de un componente de legitimidad del cual el mismo chavismo fue progenitor.
Pero ahora las cosas han cambiado. La Asamblea Nacional -congreso unicameral en Venezuela- tiene mayoría de la oposición y han reactivado los procesos para el revocatorio. Se hizo ya una primera vez en agosto de 2004, en donde se tuvo un intento infructuoso por interrumpir el mandato del propio Chávez. Los resultados y los procesos fueron confusos y se tuvo la impresión por sectores sociales que los datos finales habían sido tergiversados, se habló de abierto fraude o bien de cifras “amañadas”.
El hecho de que la oposición ganara la mayoría contundente en la Asamblea Nacional no se ha traducido en medidas concretas de gobierno. El Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro (1962 -) –el presidente heredero de Chávez- ha impedido que efectivamente el órgano legislativo pueda adelantar sus propias funciones. Para ello le han puesto cortapisas, lo han coartado mediante decretos presidenciales y de Consejo de Ministros, hasta “disposiciones legales” desde el Poder Judicial.
Es evidente que en Venezuela el control del oficialismo de varios poderes del Estado frena la representación de la Asamblea Nacional. Con ello se contribuye a asfixiar el poco espacio para la conformación de consensos y pone diques que represan el descontento popular. Se vive en el país el peor de los mundos con una inflación que el año pasado llegó al 180%, en un escenario donde hay desempleo generalizado, carencia de bienes de primera necesidad, incluyendo medicinas, y en donde el aparato productivo yace casi destruido.
Por más discursos y palabras altisonantes, a la mejor manera de emotividad, subjetiva de la cultura en Venezuela, los hechos son elocuentes y las trágicas condiciones de vida que deben soportar los venezolanos del común, sólo son superadas por la arrogancia y la ineptitud del gobierno.
El punto ahora es que el Ejecutivo quiere invalidar el proceso de convocatorio al referéndum revocatorio. Se le impuso a la oposición que debían recolectar en dos semanas casi 170,000 firmas. En cuatro días las fuerzas que desafían al chavismo más rancio presentaron 1.8 millones de firmas para activar el mecanismo legal mediante el cual se pretende interrumpir el mandato de Maduro. Ahora, para variar el Gobierno señala que se le acorrala, que hay una persecución montada por el imperialismo y la oligarquía. La típica denuncia de la izquierda más pre-cámbrica, de la que a falta de gestión presenta discursos.
Simple, directo, el proceso es convocar a un referéndum que pueda definir si el actual presidente continúa o no en el cargo. Pero la especialidad es confundir las cosas. En el extremo del absurdo la Ministra de Exteriores venezolana Delcy Rodríguez llegó a sostener que en Venezuela “no existe crisis económica”.
En todo esto, desde luego no se trata de no tener una posición de preocupación social. Es todo lo contrario. Pero es de subrayarlo dado que toda crítica, el Gobierno la tilda de “ataque del imperialismo”. De ninguna manera. Lo que todos deseamos son sociedades incluyentes, donde se aumenten cada vez más las capacidades para las personas y grupos sociales, especialmente los más pobres –vía la educación y la capacitación.
Lo que se desea es un desarrollo donde todos puedan participar, que se traduzca en incremento de oportunidades por medio del empleo productivo. Un desarrollo equitativo en lo social, sostenible en lo económico, sustentable en lo ecológico y que cuente con instituciones eficientes y eficaces. Es en ese contexto que se establecen los criterios de estos planteamientos.
Es allí en donde se enraízan, para Maduro, los principales retos que se le plantean. Que son muchos y de profundo calado, todo ello en un escenario en el cual “el tiempo apremia y las aguas suben”. Para poner un indicador, la deuda externa venezolana estaría llegando a 210,000 millones de dólares. Es indiscutible, el país se encuentra hipotecado.
La lógica del manejo macroeconómico es inexorable: el chavismo sólo podía mantenerse mientras duraran los altos precios del petróleo, los que en sus puntos más altos llegaron a representar para el gobierno venezolano un ingreso bruto de casi 18 millones de dólares por hora (24,7). El problema, desde siempre se indicó, era la sostenibilidad de ese escenario. Es evidente que una inundación de dólares da para sostener casi cualquier ineptitud.
Ahora la realidad se impone. Nadie lo desea, pero un escenario no descartable en la Venezuela de la presente coyuntura es donde se imponga un cruento enfrentamiento. Hace casi tres años el líder chavista Diosdado Cabello (1953 -) lo puntualizaba: “Chávez era el muro. Él contenía las ideas alocadas que nosotros teníamos”. Ahora el muro es un pasado del cual se trata de obtener créditos políticos. El ambiente espesamente se ha enrarecido. Ante las urgencias cotidianas, de cada día, la gente cada vez está más desesperada.
(*) Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la Escuela de Administración de la U. del Rosario.