El empresariado venezolano anunció el martes que impugnará la ley de precios justos, que marca ganancias máximas de 30%, por considerarla inconstitucional, al tiempo que llamó al gobierno a liberar dólares, principalmente para facilitar la comercialización de alimentos.

"Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la ley de precio justo", dijo en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecamaras), que reúne gran parte del empresariado.

Esta ley, promulgada por el presidente Nicolás Maduro como parte de los poderes especiales que le aprobó la Asamblea Nacional en noviembre pasado para combatir una supuesta "guerra económica" del sector privado, entró en vigor el pasado 24 de enero.

"Lejos de contribuir a mejorar la economía del país, hará que sea mucho más grave. El gobierno no termina de convencerse de que la causas del desastre económico que tenemos es precisamente el modelo económico e insiste en profundizarlo", añadió Roig.

En Venezuela, la inflación cerró 2013 en 56,2%, la mayor de América Latina, y la escasez de productos se ubicó en 22,2% en diciembre. El crecimiento del PIB del año pasado se estima será menor de 3%, contra el 6% pronosticado inicialmente.

Roig detalló que el carácter "inconstitucional" de esta radica en el hecho de que declara como materia de "utilidad pública" a toda la cadena nacional, cuando la constitución estipula que "el sector privado conjuntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico".

Según el presidente de Fedecamaras, esta ley "confisca" la libertad económica, restringe la oferta y aleja las inversiones. "Todas las empresas, al ser de utilidad pública sin importar su tamaño, quedan listas para expropiaciones, para ser confiscadas por el estado sin el pago oportuno", dijo.

La norma establece ganancias máximas de 30% y arduas penas administrativas y penales, que van de 2 a 12 años de prisión, para quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes.

"Vamos a analizar qué significa ese 30%, para unos sectores puede ser excelente, para otros no. Además es discrecional el establecimiento del margen (de ganancia), puede ser que para un sector fije sólo 5% ó 6% ó 1%. (...) Tenemos serias dudas de que el Ejecutivo esté en capacidad de examinar las estructuras de costos de todos los sectores", añadió Roig.

Previo a esta ley, en noviembre pasado Maduro -a un mes de las elecciones municipales de diciembre- lanzó una campaña de fiscalización de precios en varios rubros, desde electrodomésticos hasta materiales de construcción, pasando por ropa y calzado, en la que obligó a rebajas de hasta 70% en comercios señalados de especular con los precios.

Más dólares

Por otro lado, Roig urgió al gobierno a liberar las divisas para el sector privado a fin de evitar un "colapso", principalmente en el sector de alimentos, productos básicos y salud.

En Venezuela rige desde 2003 un férreo control cambiario en el marco del cual el dólar se vende en 6,30 bolívares para sectores esenciales y 11,30 para los restantes, mientras que en el mercado paralelo supera en más de 10 veces la primera tasa.

El país caribeño, que cuenta con las mayores reservas petroleras en el mundo, importa la mayor parte de los alimentos y productos que consume, los cuales se han encarecido o han empezado a hacerse más escasos en los últimos meses debido a las restricciones del gobierno a la venta de dólares a empresarios, a los que acusa de estar ligados a la oposición.

El adeudo en la entrega de divisas al sector privado suma más de 13.400 millones de dólares, siendo los sectores de alimentos, farmacéutico, químico y aviación los más afectados. "No parece haber la suficiente cantidad de recursos para honrar estas deudas", advirtió el empresario.

Según reportes de cámaras empresariales, el gobierno adeuda unos 2.460 millones de dólares a empresas del sector de alimentos, más de 4.200 a servicios de salud y unos 3.300 millones a las líneas aéreas, lo que ha llevado a varias compañías a limitar la venta de boletos y la frecuencia de vuelos.

Sin embargo, el gobierno sostiene que parte de la deuda es ilegal -pues los dólares habrían sido solicitados por empresas fantasma- y que debe revisarse.