El alcalde de la población venezolana de Cariaco fue detenido por su presunta vinculación en la masacre de nueve personas, ocurrida en esa localidad en noviembre pasado, informó este viernes la Fiscalía.

Seis militares, integrantes del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, habrían perpetrado los asesinatos el 11 de noviembre en Cariaco (estado Sucre, este), en circunstancias que todavía no han sido completamente esclarecidas. Los hechos dejaron, además, tres heridos.

El alcalde Ángel Ortiz, de 42 años, fue imputado por "los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y motivos fútiles", señaló un boletín del Ministerio Público.

Los seis uniformados fueron detenidos a finales de noviembre, acusados de homicidio intencional, uso indebido de armamento y robo agravado. Las autoridades arrestaron igualmente a un civil, señalado como "cómplice".

Según la Fiscalía, los sucesos se desencadenaron cuando los militares presuntamente golpearon a un joven "sin motivo aparente", robándole un teléfono celular y una cadena.

Se trasladaron luego a una vivienda de la zona donde habrían disparado, "sin mediar palabras", cuando interrogaban a una mujer sobre el paradero de una persona. Todos los fallecidos fueron despojados de sus pertenencias.

Ortiz, indica el texto, habría "prestado un vehículo de su propiedad" a los funcionarios para moverse hacia ese domicilio.

Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte de militares se han multiplicado en Venezuela en los últimos meses, en el marco de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), acciones especiales contra la desbordada criminalidad iniciadas en 2015.

También en noviembre fueron hallados en fosas comunes los cadáveres de 13 campesinos que habían sido detenidos durante una OLP en Barlovento (estado Miranda, centro).

De acuerdo con el balance de la Fiscalía, 21.752 homicidios se registraron en Venezuela en 2016, una tasa de 70,1 por cada 100.000 habitantes, ocho veces mayor al promedio mundial.

La Fiscalía contabilizó 4.667 muertes a manos de organismos de seguridad.

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