Las autoridades venezolanas trataban de controlar el sábado el conjunto de la prisión de Uribana (noroeste) y desalojar el recinto, después de que un violento motín la víspera dejara 61 muertos, según fuentes hospitalarias, en una de las mayores tragedias ocurridas en el sistema penitenciario del país.

"Falta por controlar pues toda el área de reclusión" del penal situado en el estado Lara, indicó en rueda de prensa la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, indicando que se procederá al desalojo completo de la prisión, donde hay unos 2.500 presos, según una ONG.

"El grueso del recinto (...) es lo que falta aún por evacuar y es donde estamos ahorita concentrando el trabajo", agregó Varela haciendo un llamado a los presos -que serán trasladados a otros penales del país- para que colaboren en un desalojo "rápido".

La ministra no ofreció un saldo de víctimas, aunque según fuentes del ministerio el gobierno ofrecerá "muy probablemente" el domingo o el lunes su balance del motín, ocurrido tras una requisa de las autoridades el viernes en busca de armas.

Las mismas fuentes explicaron a la AFP que la militarizada Guardia Nacional se hallaba el sábado fuera del recinto, "tratando de dialogar", aunque rechazaron ofrecer más detalles por tratarse de "operaciones muy delicadas".

El director del hospital Antonio María Pineda, Ruy Medina, que atendió la emergencia, dijo por teléfono a la AFP que la cifra de muertos se elevó en la tarde del sábado de 55 a 61.

"Ahora mismo hay 61 fallecidos", la mayoría de ellos por "rifles de asalto", y "120 heridos", de los cuales 90 fueron dados de alta, 18 permanecen ingresados en su centro y 12 en el hospital militar, detalló Medina.

Decenas de personas esperaban las actas de defunción y los cuerpos de sus familiares en las puertas de la morgue del María Pineda, mientras varias camionetas se sucedían para recoger algunos ataúdes, constató la AFP.

Linelida Álvarez sospechaba que su hermano Carlos Eduardo, de 21 años, yacía en el centro, aunque no había podido confirmarlo hasta el momento.

"No sabemos nada, nos dijeron que le dieron un tiro en el pecho", dijo Álvarez a la AFP. "Lo que se pregunta la gente es por qué masacraron a tanta gente, hay muchos heridos con bala de fusil", agregó.

El vicepresidente Nicolás Maduro indicó el viernes que el gobierno ordenó investigar la tragedia.

"Parecía una película de guerra, con tanquetas, tiros y demasiado humo", contó Carmen García, que esperaba noticias de su hijo, Edilso Rodríguez, junto a otros 200 familiares de reos que aguardaban angustiados detrás del perímetro de seguridad desplegado a unos 300 metros del penal.

Según García, su hijo, recluido desde hace un año, fue trasladado de vuelta al penal la noche del viernes tras ser atendido en un hospital al ser rozado por una bala en el enfrentamiento.

Varios familiares explicaron a la AFP que el director del penal había comparecido en la mañana del viernes para explicarles que la requisa tendría lugar de forma "pacífica".

Varela había indicado el viernes que un grupo de presos "arremetió" contra la Guardia Nacional que efectuó la requisa. La ministra acusó además al canal privado Globovisión y a otros medios de "detonar" la violencia al difundir el operativo antes de que se pusiera en marcha.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) consideró que la requisa "no estuvo debidamente coordinada ni aplicada por el personal de expertos en labores de este tipo, quienes hicieron uso desproporcionado de la fuerza".

La opositora Mesa de la Unidad Democrática acusó al gobierno de "evadir su responsabilidad (...) tratando de culpar de la masacre a los medios de comunicación".

"Los verdaderos culpables de la violencia que se vive en las cárceles del país, son los funcionarios que permiten la entrada de todo tipo de armas de fuego al interior" de las prisiones, agregó en un comunicado.

Según el OVP, la cárcel de Uribana tiene una capacidad para 850 reos, pero actualmente alberga a unos 2.500. Además se halla bajo medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2007, que establecen que las autoridades deben velar por evitar la pérdida de vidas en su interior.

Las cárceles venezolanas sufren problemas de insalubridad, hacinamiento y violencia, y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos.

En agosto del año pasado, al menos 25 personas fallecieron en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Yare I, cerca de Caracas. En junio de 2011, un motín en el Rodeo, también cerca de la capital, dejó una treintena de muertos.

Según activistas de derechos humanos, en 2011 más de 500 reclusos perdieron la vida, mientras el OVP tiene previsto publicar los datos de 2012 la semana próxima.

El gobierno, por su parte, no difunde informes sobre la situación en las cárceles y la mayoría de sucesos violentos no son confirmados oficialmente.

Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.

AFP