Nos escribe un lector a propósito de la nota aparecida ayer en La Barca sobre el posible retorno de Piedad Córdoba Ruiz a su curul en el Senado de la República:
“En los albores de su gestión, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado expuso ante los congresistas que la facultad prevista en el artículo 277 de la Constitución, que lo autoriza para ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular, en virtud de la cual le corresponde conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, era una potestad atípica, puesto que operaba en forma inversa, ya que el nombrado investigaba al nominador y por tanto implicaba un alto riesgo de que se usara para presionar la voluntad de los senadores. Por esa razón, planteó que era conveniente propiciar una reforma para liberarlo de ese poder”.
Buscando la reforma. Y continúa el corresponsal que prefiere el anonimato. “El Congreso Nacional ha intentado hacer esta reforma trasladando la competencia a la Comisión de Ética. Una primera ley fue declarada inexequible mediante sentencia C-482 de 2008, con el argumento de que por tratarse de asunto relacionado con el Estatuto del Congresista, debía haberse tramitado como ley orgánica, y posteriores intentos no han culminado con éxito su tránsito legislativo en el Capitolio”.
Unos antecedentes. El entonces procurador Edgardo Maya Villazón, quien a la sazón aspiraba a un tercer período, movió en la Casa de Nariño el candente tema de las objeciones presidenciales contra el proyecto de reforma constitucional por el cual se le cercenaban, supuestamente, algunas atribuciones de suma importancia al Ministerio Público, entre las cuales estaban las de disciplinar a los miembros del Congreso encargados, curiosamente, de la elección del Procurador General de la Nación.
El clan de los Escobar. Una participación importante tuvo, como ponente, en la misma decisión, en la Corte Constitucional, el magistrado Rodrigo Escobar Gil, quien por aquellas calendas aspiraba a ser postulado por el entonces presidente Uribe para el cargo de Procurador General de la Nación. Sin embargo, fue muy oportuna intervención del abogado Jaime Lombana, quien después de escuchar un confidencial en el 1, 2, 3, de CM&, llamó presuroso a la Casa de Nariño y logró privar a Colombia de las luces jurídicas de otro vástago de la familia Escobar, siendo más tarde desagraviado con la definitiva participación del entonces secretario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas, con la inclusión de su hermana en una terna para el Consejo Superior de la Judicatura, a la que renunció una vez escogida, al denunciarse en La Barca que con ella la tercera parte de los miembros de dicho organismo quedaría integrada por tres hijos de dos hermanos de la misma familia Escobar, apareciendo estos como los mayores accionistas de la Justicia colombiana. Resulta pertinente aclarar que en ese momento, Ordóñez Maldonado no hacía parte de la terna para Procurador.