El Vaticano aseguró el martes que ha demostrado un "compromiso total" en la lucha contra casos de pedofilia en la iglesia, declarando a una comisión de Naciones Unidas en Ginebra su determinación a erradicar esos abusos.
"Un examen serio de la realidad sobre lo que hacen la Santa Sede y los religiosos locales demuestra claramente y sin ambigüedades que no hay con certeza ninguna impunidad", aseguró el representante del Vaticano ante la ONU, monseñor Silvano Tomasi.
Tomasi, que prestó declaraciones ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que examina también los casos de abusos de niños, indicó que se habían examinado en los últimos diez años 3.420 casos basados en "acusaciones creíbles", concernientes a abusos cometidos por religiosos entre los años 1950 y 1980, tras lo cual 848 sacerdotes fueron reducidos al estado laico.
Otros 2.572 recibieron instrucciones de "vivir una vida de oraciones y penitencia", por ejemplo en los monasterios, indicó el nuncio apostólico, precisando que esos religiosos habían sido colocados en un contexto donde no tenían acceso a niños.
La ONU, y varios grupos de defensa de víctimas y ONG, han acusado al Vaticano de minimizar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes e de intentar esconder la realidad, destruir las pruebas, intimidar a los testigos, en lugar de destituir a los responsables y llevarlos ante la justicia.
El Vaticano presentó el lunes su primer informe ante el Comité de la ONU contra la Tortura, un ejercicio al que deben someterse todos los signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984.
La Santa Sede firmó esta Convención Internacional en 2002, pero es la primera vez que presentó un informe ante este Comité de la ONU, con sede en Ginebra.
Este informe del Vaticano sobre la tortura fue presentado tras las conclusiones del comité de la ONU sobre los derechos de los niños, que afirmó en enero pasado que la Santa Sede no tomó las medidas necesarias para tratar los casos de niños abusados sexualmente por sacerdotes
Los expertos de la ONU reclamaron al Vaticano la publicación de las medidas que ha adoptado contra los religiosos acusados de abuso sexual y que garantice que fueron suspendidos de sus funciones.
Una comisión de expertos para la protección de los niños en las instituciones de la Iglesia, creada por el papa Francisco, anunció el pasado 3 de mayo querer instaurar "procedimientos eficaces" en la Iglesia para que los sacerdotes pedófilos sean castigados, aunque no propuso medidas jurídicos vinculantes.
En abril, el papa Francisco "pidió perdón" por los crímenes pedófilos y exigió sanciones "muy severas".
Sin embargo, organizaciones de víctimas se mostraron particularmente críticas cuando en declaraciones pasadas el papa Francisco parecía echar la culpa de estos delitos a la sociedad. Francisco declaró en esa ocasión que la pedofilia era un mal que existía también "en su gran mayoría" en la familia y en los vecindarios.
Las ONG consideran que el Vaticano está eludiendo su responsabilidad en combatir estos abusos, y subrayan que en su informe presentado el lunes en Ginebra, la Santa Sede se defendió de esas acusaciones de abusos, y afirmó que la Convención contra la Tortura que suscribió se aplica únicamente al territorio del Vaticano.
Monseñor Tomasi alegó en Ginebra que la Convención tiene autoridad sobre el territorio de la Santa Sede y "no sobre todos los miembros de la Iglesia Católica".
Pero la jurista estadounidense, Felice Gaer, relatora de la Comisión de la ONU, rechazó ese razonamiento, sosteniendo que todos los representantes y funcionarios de un Estado, incluso fuera de las fronteras del país, están sujetos a las leyes de su país.
Barbara Blaine, presidenta de una ONG que representa a unos 18.000 víctimas de abusos cometidos por religiosos, expresa también su insatifacción con las declaraciones del representante del papa.
"Tomasi ha descrito lo que debía pasar según la política del clero, pero lo que ocurre actualmente es muy, muy diferente", afirmó Blaine a la AFP.