Uno de los elementos que la reforma política trata de vender como gran panacea es la eliminación del voto preferente. Pero en ello se equivocan de cabo a rabo los expertos ya que la calentura no está en las sábanas y ni el clientelismo o la corrupción provienen de esa figura.
En primer lugar, ciertamente, porque Colombia ha logrado un sistema electoral que les permite a los partidos políticos adoptar los criterios que a bien tengan para presentarse a la justa electoral. En efecto, puede cualquier colectividad escoger la lista cerrada, como ciertamente lo ha hecho el Centro Democrático, o adoptar el mecanismo de voto preferente. De modo que existe un sistema mixto donde se da prevalencia a las decisiones internas de cada facción política para seleccionar el método electoral más atinente.
Está bien que así sea pues evidencia el vigor democrático en Colombia. El voto preferente es, justamente, la forma más directa en que un candidato se presenta al escrutinio público y del cual se derivan compromisos y responsabilidades directas, sin los camuflajes propios de las listas cerradas. De otra parte, el voto preferente permite generar las condiciones propias para que los partidos puedan organizarse internamente a partir de los resultados electorales en un solo evento, ahorrando de paso ingentes recursos al presupuesto nacional. De esta manera se cumple, de un lado, con los mecanismos institucionales para la elección de congresistas y miembros de las corporaciones públicas y, de otro lado pero al mismo tiempo, con los componentes que permiten definir los liderazgos dentro de las colectividades.
Las listas cerradas, por el contrario, son experimentos propios que en algunos casos pueden derivar en lo que en su época en Colombia se llamó “disciplina para perros” o “política del bolígrafo”. El voto preferente, en contraposición, permite que todos los candidatos se presenten a la liza en igualdad de condiciones y sin la prevalencia de uno sobre el otro. Otra cosa pueden ser los elementos de regulación del voto preferente, los mecanismos de financiación y las actividades proselitistas, pero no así la fórmula más democrática para que los ciudadanos puedan acceder al derecho fundamental de elegir y ser elegidos.
Se dice que resultaría más democrático que primero los aspirantes de cada partido fueran seleccionados por una convención o una consulta popular y luego sí puestos a consideración de los electores en una la lista cerrada y oficial de cada partido. Ello, como se dijo, no solo supone una erogación superior del presupuesto nacional, sino que igualmente es el peor mecanismo para refrescar los liderazgos. En el caso del voto preferente, por el contrario, los jóvenes y las mujeres, por ejemplo, pueden competir de tú a tú con los liderazgos establecidos y su triunfo o derrota dependerá, libre y abiertamente, de la eficacia de cada campaña.
En cambio las veces que algún partido ha optado por elegir, verbigracia, a los componentes de sus directorios por consulta popular, ello ha causado unos costos gigantescos. Lo mismo y todavía peor ocurriría en caso de que las representaciones en cada uno de los niveles (nacional, regional o municipal) tuvieran que someterse a consultas populares previas. De suyo hoy cualquier partido podría hacerlo si así lo quisiera en sus estatutos porque la ley no lo prohíbe. Pero en esa situación habría que duplicar o triplicar el presupuesto de la Registraduría por cuanto este tipo de elecciones generales conllevarían una inversión altísima, en tanto que la discusión e impugnación de los escrutinios muy seguramente se llevaría un tiempo considerable, y sería un fermento permanente de demandas que generarían inestabilidad jurídica.
De la misma manera, un candidato escogido por voto preferente puede tener contacto directo con sus elegidos por cuanto la relación es mucho más estrecha que en una lista cerrada. Ante esto suele sostenerse que lo ideal es que respondan los partidos políticos, en su conjunto, y no las personas. Pero eso es harina de otro costal en cuanto a que de todas maneras los partidos políticos son los que tramitan los avales y, por lo tanto, derivan responsabilidades directas en el accionar de sus candidatos. En ese caso, lo que interesa es poner el foco en los avales y no en el voto preferente.
Desde luego podrían generarse mejores condiciones programáticas para los partidos políticos. Por ejemplo, el hecho de que todos los candidatos incluidos en la lista, con voto preferente, se comprometan a un determinado programa, que incluso podría ser avalado a modo de voto programático de la colectividad ante el Consejo Electoral. En todo caso, la acción de los parlamentarios en el Congreso está determinada por el régimen de bancadas y de este modo y por anticipado está regulada institucionalmente. El voto preferente es solo un modo de elección, pero en el Congreso los elegidos responden única y exclusivamente como partido, consultando la justicia y el bien común, de acuerdo con los postulados constitucionales.
En Francia, por ejemplo, hay dos vueltas para la elección de congresistas, dividido como está ese país en varias circunscripciones. Pero el voto preferente lo que hace es, justamente, permitir que se lleven a cabo varias posibilidades en una sola elección. Por ejemplo, en el Partido Conservador colombiano la conformación del Directorio Nacional, en su rama parlamentaria, viene automáticamente dada por la cantidad de votos conseguidos en las urnas, sin necesidad de primeras y segundas vueltas, sino por el contrario abriendo el abanico de posibilidades del régimen institucional establecido.
Es muy cómodo, por supuesto, hacer listas cerradas sobre la base de un solo jefe. Pero esos son fenómenos accidentales y temporales, como en el caso del Centro Democrático, que no suelen repetirse en el desenvolvimiento cotidiano de los partidos. De hecho, le hace falta al Centro Democrático el voto preferente para activar una mayor cantidad de liderazgos que no se deban única y exclusivamente a la acción de una sola persona, aunque esa sea por supuesto la naturaleza de ese partido. En la gran mayoría de los casos, no obstante, el voto preferente es la única manera de darle salida a las tendencias y matices que naturalmente hay en cada colectividad. Casi típico en el partido Liberal o en las manifestaciones de izquierda.
Otra discusión, desde luego, está en los mecanismos de financiación y las formas de realizar el proselitismo. Esto no quiere decir, en modo alguno, que el voto preferente no sea la mejor opción en la conformación de las listas para corporaciones públicas. Lo que, evidentemente, hoy es un patrimonio público de la democracia colombiana.
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