Ya fueron trasladadas a la Fiscalía las primeras denuncias sobre mal uso del personal de seguridad que el Gobierno le entrega a las personas amenazadas.

La diligencia la cumplió la Unidad Nacional de Protección, en cabeza de su director, Andrés Villamizar, quien aseguró que han encontrado casos de personas que dejan material de seguridad como teléfonos en manos de terceros y hasta cuidadores de sus fincas “y cuando hacemos el rastreo de la seguridad de ellos nos contesta el celador de la propiedad”.

El funcionario también denunció que algunos están usando a los escoltas “para hacer mandados y no para que los protejan”, por lo que se está adelantando una depuración del sistema de protección.