El proyecto de ley busca reemplazar una normatividad que está vigente desde 1971 y que no se adapta a las condiciones económicas que está viviendo el país.

Que se garantice el uso seguro de tecnologías y medios de comunicación modernos y ambientalmente sostenibles, de acuerdo a las exigencias internacionales, será una de las apuestas que tendrá el nuevo Estatuto Aduanero para lograr la trazabilidad de los procesos y operaciones de comercio, la transparencia, y el uso de medios electrónicos  con el fin de lograr una disminución considerable en el tiempo de trámites y la simplificación de los mismos.

La anterior es una de las apuestas que trae la ponencia del Estatuto Aduanero que será radicada esta semana en la Cámara de Representantes, “nos exigen a nivel mundial una menor tramitología, que haya un mayor flujo de la información y que haya mayor control por parte del Gobierno, lo que buscamos es reducir la tramitología de los tiempos para efecto de los trámites y que además, ningún funcionario tenga que hacer interpretación de una norma sino cumplirla”, explicó el representante Carlos Alberto Zuluaga, ponente de la iniciativa para su tercer debate en el Congreso y el primero en la Cámara.

Pero la disminución de la tramitología no es el único objetivo que tiene el proyecto, que tiene como otra de sus finalidades actualizar una norma que está vigente en Colombia desde 1971 y que ya no se acomoda a los desafíos de la política nacional.

“Es muy importante el desarrollo de este proyecto porque la Ley que existe es de 1971 y en ese momento existían acuerdos comerciales que hoy en día ya están derogados, así que bajo este escenario de globalización y nuevo comercio se exige tener un marco más ancho, más moderno, más rápido, que fluya más y que evite tanta discrecionalidad de los funcionarios porque ha entorpecido el trabajo de los operadores de comercio exterior”, dijo la senadora Alexandra Moreno, autora de la iniciativa.

La construcción de la iniciativa se ha hecho de manera conjunta entre el Gobierno, la Dian, los gremios y los congresistas, quienes se han reunido varias veces para expresar sus recomendaciones, sugerencias e inquietudes sobre cada una de las ponencias que se han realizado, lo que ha permitido que el trabajo sea mejor logrado y que, según el representante Zuluaga, no necesite una ley reglamentaria.

De esos encuentros pudieron inferir que otra de las metas que se deberá alcanzar con la iniciativa será lograr un ambiente de estabilidad jurídica para que los inversionistas extranjeros pongan sus ojos en Colombia, ya que muchos de los gremios del país coinciden en que han perdido algunos de sus clientes por la falta de seguridad.

“Una de las preocupaciones de nuestro gremio es poder tener mayor estabilidad jurídica, como premisa esencial para la generación de negocios, para la promoción de la inversión extranjera y para darle mayor dinamismo a la economía”, dijo Miguel Espinosa, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac).

Aunque en el articulado ninguna de las partes ha pensado hablar del tema sancionatorio, teniendo en cuenta que en el país ya hay una legislación lo suficientemente amplia para las personas que cometen delitos, sí decidieron que era importante hablar de la lucha contra la corrupción.

Así, el parágrafo F del artículo cuatro dice: “lucha contra la corrupción y el contrabando: los funcionarios públicos y los usuarios aduaneros propenderán para prevenir, evitar y atacar de manera frontal y decidida la corrupción, el contrabando y toda conducta que vaya en contra del leal y correcto desempeño de las funciones aduaneras”.

Como complemento al tema relacionado con la lucha contra la corrupción, se está hablando de la creación de una unidad especializada para los temas aduaneros que estaría a cargo de la Fiscalía General. “Queremos que se pueda crear una unidad que permita una reacción inmediata de la Dian para efectos de darle mayor celeridad a los procesos que a diario ocurren en la aduana”, explicó el representante Zuluaga, quien agregó que la iniciativa fue propuesta por el mismo Fiscal Montealegre y apoyada por los gremios.

Sin embargo, la creación de la unidad no se discutiría dentro del proyecto de ley porque estaría incluido dentro del proceso de reestructuración que está organizando el ente investigador.

Que haya una unidad de criterio, que se respete la máxima autoridad y de esa manera los funcionarios se sujeten porque de lo contrario se prestaría para corrupción porque cada uno tiene un criterio y emite una circular distinta, por ejemplo la que sale en Buenaventura no es la misma que sale en Barranquilla, eso genera corrupción y enreda los trámites que han generado grandes pérdidas para los exportadores.