En menos de un año, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, detectó que mediante la adquisición de bienes se han lavado 3.031 millones de dólares.
El director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, sostuvo que del total se encuentran judicializados bienes por 2.645 millones de dólares y con medidas cautelares por 375 millones de dólares.
De acuerdo a Suarez, “se le han quitado 237 mil millones de pesos a los criminales para que no sigan contaminando el circuito de la economía como lo han venido haciendo hasta el momento”.
El director de la UIAF explicó que por cada peso de valor catastral de los bienes producto del lavado de activos realmente tiene un costo de tres pesos de valor comercial.
Suárez destacó que los casos considerados ‘maduros’ tienen un costo de 1,7 billones de pesos y que siguen un proceso de judicialización. “En términos de valor comercial la cifra es de 5,3 billones de pesos”, dijo. Son bienes que están listos para ser extinguidos.
Dijo que de los 247 casos de bienes relacionados con actividades ilícitas de lavado de activos que tienen un costo de 5,3 billones de pesos, al menos 67 procesos que están judicializados, eso quiere decir que la UIAF “ya se los presentó a la fiscalía General de la Nación y que un fiscal consideró que hay elementos suficientes para seguir con el caso y convencer a un juez de que hay una actividad ilícita”.
Luis Edmundo Suárez insistió que en esos 67 casos, “tenemos en valores catastrales 1,5 billones de pesos y en comerciales 4,7 billones de pesos”, insistió que son casos ya reportados a la entidad acusadora.
Suárez resaltó que dentro de estos 67 casos hay siete procesos en los cuales la fiscalía tomó medidas cautelares, es decir que ya hay unos bienes que están “provisionalmente afectados bajo la ley de extinción de dominio nuestra y son bienes que ya están ‘congelados’ y para el caso del valor catastral suman 237.000 millones de pesos que ya están hoy con medidas cautelares. En términos comerciales son 668.000 millones de pesos”.
“Son cifras que no tienen precedentes en términos de lo que la UIAF venía haciendo”, y constituye una buena herramienta “en términos de la lucha contra el lavado de activos”, destacó el director de la entidad, dependencia del ministerio de Hacienda.
Para Suárez esos 237.000 millones de pesos ‘congelados’ significan que se han quitado a las organizaciones criminales para que no sigan ejerciendo el delito. “Estamos evitando que se siga reproduciendo el delito y estamos eliminando la posibilidad de que esos recursos contaminen el circuito económico del país”, remarcó el director de la UIAF.