En medio de un fuerte debate interno, Uruguay celebra una consulta popular en la que los ciudadanos podrán votar si desean realizar un referéndum para validar o derogar la ley de 2012 que legalizó el aborto en el país.
La jornada se desarrolla tras una breve pero intensa campaña con consignas como "¡Sí a la vida!" o "Votá por tu derecho a decidir" de parte de los defensores de la derogación de la ley contra la de "Yo no voto ¿y vos?" de las organizaciones sociales que promovieron la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
En caso de que el 25% de los habilitados para votar (unos 650.000) se pronuncie a favor de la iniciativa en este "acto de adhesión", donde la concurrencia es voluntaria, la Corte Electoral tendrá que convocar a un referéndum en octubre, esta vez con voto obligatorio, para definir el futuro de la ley cuestionada.
Para el edil del opositor Partido Nacional Carlos Iafigliola, uno de los portavoces de la Comisión Nacional Pro Derogación de la ley, el domingo "se juegan valores centrales de la democracia uruguaya: se juega el valor de la democracia y la utilización del recurso de referéndum y si en Uruguay se va a seguir respetando la vida o no".
Iafigliola dijo a la AFP que en las últimas semanas el movimiento contra la ley ha aumentado y confió en que se alcancen los votos necesarios para convocar a un referendo.
A favor de la derogación se han pronunciado sectores de los opositores Partido Colorado y Partido Nacional, que también han promovido la convocatoria con una fuerte campaña en televisión, radio y prensa escrita.
En defensa del aborto legal
Del otro lado, la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) llamó a no acudir a las urnas el domingo. "Nuestra campaña es en defensa de los servicios de aborto legal y seguro", dijo a la AFP Mauricio de los Santos, de MYSU.
"Queremos dejar en claro que la gente que está a favor de la despenalización no tiene que concurrir a votar" en esta instancia, enfatizó, opinando que "la derogación de la ley significaría un retroceso ante el pequeño avance de que existan servicios de aborto seguros".
Por su parte, la presidenta del gobernante Frente Amplio (FA), Mónica Xavier, defendió la ley que despenalizó el aborto recordando que fue aprobada tras 100 años de debate durante los cuales muchas mujeres pagaron "con su vida o con su capacidad reproductiva".
Xavier advirtió en su columna semanal que de derogarse la ley se volvería a al "circuito de la clandestinidad", "el de la penalización de la mujer, el de las grandes ganancias para servicios que no aportan ni garantías y mucho menos prevención, asesoramiento y cuidados adecuados de la salud".
La norma que legalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones fue aprobada en octubre de 2012, convirtiendo a Uruguay en el segundo país de Latinoamérica en permitir la interrupción del embarazo, después de Cuba. En Sudamérica también está permitido en Guyana y la Guyana francesa.
Para acceder a un aborto en forma gratuita en las instituciones de salud la mujer debe entrevistarse con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.
Tras cinco días de reflexión, la mujer se puede realizar el aborto mediante medicamentos, salvo que la historia clínica de la paciente requiera internación.
Como excepción, se autoriza el aborto dentro de las 14 semanas de gestación cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación.
La principal dificultad con la que ha tropezado la implementación de la ley ha sido el rechazo de decenas de médicos, que firmaron su objeción de conciencia para no participar del proceso.
Según el ministerio de Salud Pública (MSP), en el primer mes de vigencia de la ley unas 200 mujeres interrumpieron su embarazo.
No se difundieron más datos oficiales sobre la práctica, aunque el diario La República, que citó fuentes del MSP, aseguró esta semana que desde que entró en vigencia la norma se realizan 13 abortos por día.