Una reforma  constitucional que crea un tribunal nacional pro témpore que durante doce años revisará, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la Fuerza Pública está siendo impulsada por la bancada del Centro Democrático en el Congreso.

Se trata del proyecto de acto legislativo número 17 de 2014 Senado, “por medio del cual se crea un Tribunal Nacional pro témpore para la Fuerza Pública”, radicado el 14 de agosto por los senadores Álvaro Uribe, Alfredo Rangel, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Alfredo Ramos, Samuel Hoyos, Nohora Stella Tovar, Paola Holguín, Miguel Henríquez, Ana Mercedes Gómez e Iván Duque, así como por la representante Johana Chaves.

Según la senadora Valencia, “uno puede discutir si las sentencias que se han proferido en contra de las Fuerzas Armadas son justas o injustas. Lo que no puede discutir es que hay la impresión dominante de las Fuerzas Armadas de que muchas de esas sentencias han sido injustas”.

Para la congresista, los militares se sienten desprotegidos al arbitrio de muchos negocios que han implicado la condena injusta para después tener indemnizaciones grandes por falsas víctimas.

“Lo que nosotros estamos pidiendo no es impunidad para las Fuerzas Armadas. De ninguna manera un indulto o una amnistía. Lo que estamos pidiendo es un tribunal distinto, conformado con las mismas cualidades de la Corte Suprema de Justicia, integrado por ciudadanos con todas las condiciones morales y éticas para hacerlos que sean los llamados a revisar las sentencias”.

Entre tanto, el senador conservador Hernán Andrade dijo que el diagnóstico es válido.

“Es que en una situación de conflicto hay que dar  equilibrio. Los otros procesos de paz y seguramente este que le va a dar justicia transicional a las organizaciones guerrilleras. Y no pueden quedar en el otro lado de la balanza los militares, hoy condenados independientemente que fueran justamente e injustamente en el marco de un conflicto”.

Anotó que lo que ocurre es que la salida que brinda el Centro Democrático no es la conveniente, porque es crear un supertribunal por encima de la Corte Suprema de Justicia.

“La salida real y la solución política del conflicto, el tratamiento diferencial, la suspensión de las penas, todo se regulará en marco de la ley estatutaria que desarrolla el Marco Jurídico para la Paz”, explicó Andrade; anotó que “la alternativa que puede haber es la suspensión de la pena, lo señala textualmente el Marco Jurídico para la Paz, que tiene que haber justicia transicional y también para los agentes del Estado y la participación en el mismo”.

Entre tanto, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, afirmó que no es “partidario de hacer esas revisiones”, porque “violaría el principio de la última instancia, de las Cortes de cierre; y adicionalmente esos son elementos de orden probatorio los que generan que en cada instancia haya la defensa de las personas”.

Por otro lado, Horacio Serpa, del Partido Liberal, expresó que se tienen que buscar unas fórmulas que permitan que los que tuvieron vinculación con el conflicto reciban un tratamiento igual.

El senador Roberto Gerlein, del Partido Conservador, recalcó que “es una forma de evadir la integridad de la Constitución, a mí me parece que el órgano de cierre es la Sala Penal de la Corte Suprema”.

Indicó que la solución al problema que se planteó sobre los militares no es la más adecuada y que “lo que hay es que buscar otra salida. Me parece que nos va a tocar investir al presidente con actividades extracurriculares para que pueda comenzar a resolverse el problema de los militares que han sido equivocadamente juzgados”.

Los militares que hayan sido condenados por jueces ordinarios podrán pedir revisión de su caso, si se aprueba la reforma constitucional propuesta por el uribismo.