Se le solicitó a la CIDH ordenar la suspensión de los efectos políticos de la refrendación hecha por el Congreso.

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Una denuncia contra el Estado colombiano por desacatar el resultado del plebiscito sobre el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, radicó el Centro Democrático ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de un comunicado, la colectividad consideró que la voluntad soberana del pueblo, constituyente primario que se manifestó el 2 de octubre del 2016, no fue respetada por el Gobierno ni por el Congreso, ni por la Corte Constitucional.

La denuncia fue acompañada por los congresistas uribistas quienes consideran que el actual Gobierno debió someter a un mecanismo de refrendación popular lo que consideraron un “nuevo” acuerdo con las Farc, pero que en realidad mantuvo sin modificaciones los puntos que llevaron a los ciudadanos a votar No.

El senador Fernando Nicolás Araújo, promotor de la iniciativa, aseguró que el Estado colombiano le hizo 'conejo' al pueblo.

"Santos repitió mil veces que la última palabra la tenía el pueblo colombiano. Le pedimos incansablemente que no sometiera todo el acuerdo en bloque. El resultado fue que el pueblo se pronunció, se opuso a la impunidad del acuerdo y Santos salió corriendo a imponer el acuerdo maquillado y bajo una falsa refrendación en el Congreso de la República", indicó Araújo.

Los denunciantes piden a la CIDH que se ordene la suspensión de los efectos políticos de la refrendación hecha por el Congreso, porque la consideran violatoria de la voluntad expresada por los colombianos en las urnas.

Solicitan, también, una serie de medidas cautelares como frenar la implementación del acuerdo mientras tanto no se realice la refrendación popular, como lo dicta la sentencia C-379-16 de la Corte Constitucional y el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2016.

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