En Colombia, durante el 2013, fueron hurtados 44.700 celulares. Lo más grave es que únicamente se denunció el robo de 18.300 equipos, según la Policía Nacional. En efecto, esto ha generado una creciente preocupación entre la ciudadanía, no solo porque es un delito frecuente y calificado de alto impacto, sino también porque ha traído consigo numerosas víctimas mortales.
A raíz de esto, los candidatos al Senado y Cámara del Centro Democrático, comprometidos con devolverle la seguridad al país, proponen una necesaria y prioritaria reforma sustancial al Código Penal y al Código de Seguridad Ciudadana, que contemple  el pago de multas y cárcel por hurtar celulares, al ser replanteado como un delito que por su accionar puede llevar al homicidio.
Adicionalmente, “el 20 de julio de 2014, día de nuestra posesión en el Congreso de la República, estaremos presentando un proyecto de Ley para hacer cumplir a las empresas operadoras de telefonía celular con la desactivación de los celulares reportados como hurtados, so pena de millonarias sanciones por ser cómplices de un hecho punible. Lo anterior sumado a nuestra iniciativa legislativa, basada en rigurosas sanciones para las personas que cometen este delito, que van desde el pago de millonarias multas hasta la cárcel si son reincidentes o no asumen el costo de la sanción.

 El hurto a celulares no puede seguir tratándose como un delito menor, cuando ha dejado en Colombia una estela de muertes e impunidad que hasta ahora, solo premian al delincuente”, afirmaron los candidatos del Centro Democrático.

Y agregaron: “No podemos seguir con reformas a la Fiscalía General de la Nación como lo plantea en este momento el gobierno Santos, la cual se centra en endurecer las sanciones a quienes ejecuten hechos delictivos de carácter macro: como terrorismo y crimen organizado, cuando impera la necesidad de proteger al ciudadano del común de un delito de alto impacto como es el hurto a celulares”.

Es por eso, que los aspirantes al Senado y Cámara por el Centro Democrático denuncian que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, quien aspira a su reelección, es cómplice del “hurto a celulares”. Esto se debe a que el primer mandatario no ha velado por el cumplimiento del Decreto 1630 del 2011, medida jurídica que el mismo sancionó como la panacea para evitar esta acción delictiva.
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“En letra muerta quedó el decreto que ordenaba la conformación de bases de datos por parte de los operadores. Actualmente hay millones de equipos que no están registrados y, más grave aún, la promesa de desactivar a nivel mundial los celulares robados no se ha cumplido, a pesar de las denuncias hechas por los ciudadanos”, explicaron los candidatos de Cámara y Senado del Centro Democrático.

En consecuencia, hoy por hoy, el hurto de celulares se mantiene como delito de alto impacto, y los códigos Penal y de Seguridad ciudadana lo califican como una acción delictiva que, por cuantía, es excarcelable.