Los informes sobre los seguimientos a los magistrados de las altas cortes, que fueron denunciados en el gobierno pasado, tenían como destino el presidente Álvaro Uribe.

Así lo afirmó el exsubdirector de fuentes humanas William Romero en declaración rendida ante la Corte Suprema en desarrollo del juicio que realiza por las interceptaciones telefónicas o llamadas chuzadas.

Ante las preguntas del Fiscal del caso, Romero relató que aunque el Mandatario felicitó al grupo encargado de las interceptaciones por los resultados obtenidos, posteriormente expresó su molestia por la revelación de los seguimientos ante la opinión pública.

“A mí me mandó a llamar la doctora María del Pilar Hurtado para la época de julio de 2008 con el capitán Fernando Tabares, director general de Inteligencia del DAS, para comentarnos al capitán y a mí que venía muy contenta con de la Presidencia (…) eso a mí me gusta porque el señor presidente le vuelve a tener credibilidad al DAS”, sostuvo el funcionario.

A raíz de esto, Romero emitió una felicitación a sus subalternos para en el que se motivaba a las fuentes humanas para seguir consiguiendo información sobre la Corte. Incluso, dijo el testigo, se ordenó el aumento de sueldo a los investigadores.

Romero reveló que fue el mismo capitán Tabares, quien les manifestó la caída del proceso por cuenta de fallas cometidas por los agentes.

“Fernando Tabares nos llama a los subdirectores de la dirección general de inteligencia a reunión en octubre de 2008 y nos dice que alguien de inteligencia se quemó, es el termino técnico que el utilizó indicándonos que alguien se había puesto en evidencia en la Corte Suprema de Justicia, mediante la utilización de un taxi que pertenecía al departamento, y que por esa razón el Presidente estaba verraco con la doctora María del Pilar Hurtado a quien le hizo al observación”, dijo el testigo.

El declarante indicó que las fuentes contactadas le cobraron 40 millones de pesos por el expediente del exsenador Mario Uribe, condenado por la parapolítica.

Ante este hecho Tabares mostró su malestar por tan alta suma de dinero solicitado cuando en promedio por estos documentos cobraban entre dos y cinco millones de pesos.

“No teníamos información útil que fuera a representar el pago de los expedientes que a veces pedían cinco millones como el caso del primo del presidente, Mario Uribe, las fuentes pedían 40 millones de pesos, y pues el capitán me dijo si lo consiguen lo pagan, pero no lo conseguí”, aseguró Romero.

El juicio por este caso en la Corte se lleva contra el exsecretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Precisamente Moreno recuperó su libertad el pasado 13 de marzo tras 19 meses de detención preventiva. Sin embargo, Moreno continúa vinculado al caso.

Por su parte, Hurtado se encuentra asilada en Panamá desde el 2010 y es procesada como persona ausente.

Hurtado es procesada por el escándalo de las chuzadas, y deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función, peculado por apropiación, entre otros.

Por estos mismos hechos, el expresidente Uribe, gobierno durante el cual se realizaron las interceptaciones, es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.