El expresidente Álvaro Uribe, muy popular por el combate que libró contra las guerrillas durante su gobierno de 2002 a 2010, pero también muy cuestionado en derechos humanos, anunció que buscará ser electo senador en los comicios de 2014.

"Queremos ayudar a enfrentar el deterioro de la seguridad, la creciente incertidumbre de la inversión, el estancamiento de la política social burocratizada, el derroche de los recursos oficiales y el abandono del diálogo popular sustituido por el riesgo de entrega del país al terrorismo y al castro-chavismo", dijo Uribe, al anunciar sus intenciones políticas.

El expresidente de derecha, con un índice de favorabilidad de 63% según el más reciente sondeo de la firma Gallup, se presentará a las elecciones parlamentarias del próximo mes de marzo con su nueva organización política Centro Democrático, que en los próximos días comenzará a recolectar firmas para hacer efectiva la postulación de esa formación.

Uribe, un abogado y hacendado de 61 años, no puede postular para un nuevo mandato presidencial tras haber gobernado en dos periodos sucesivos.

El exmandatario se ha convertido en el más férreo opositor al gobierno de Juan Manuel Santos -su exministro de Defensa- y al proceso de paz que éste adelanta desde 2012 con la guerrilla de las Farc.

Santos, que gobierna con una coalición de centro-derecha, será probablemente candidato a la reelección para las presidenciales de mayo del año próximo.

Postulación polarizante

En ese contexto, el anuncio de la aspiración electoral de Uribe desató de inmediato la polémica, especialmente entre los integrantes de la coalición de gobierno.

"Está bien que la extrema derecha tenga una representación en el Congreso sin el apoyo de los paramilitares", reaccionó el senador liberal Juan Manuel Galán.

De su lado, el parlamentario izquierdista Iván Cepeda declaró que si Uribe resulta electo "será la oportunidad de hacer debates con relación a múltiples hechos, entre ellos, su presunta relación con los paramilitares".

A Uribe se le ha vinculado con los extintos grupos paramilitares de derecha, y hace dos semanas el magistrado Rubén Pinilla anunció que pedirá a la comisión de acusaciones de la Cámara de representantes (baja) -juez natural de los presidentes en Colombia- que le indague por su participación en la promoción de esas organizaciones.

En tanto, el senador derechista Roy Barreras aseveró que la candidatura de Uribe polarizará la campaña electoral. "Los colombianos tendrán la oportunidad de escoger entre dos líneas muy claras: la paz o la guerra. Deseo mucha suerte al expresidente quien está profundamente equivocado sobre la paz en Colombia", dijo.

Esta será la primera vez en la historia de Colombia en que un exmandatario opte por una posición importante de elección popular luego de haber dejado la presidencia.

"En el pasado, algunos expresidentes aceptaron cargos honoríficos, o importantes pero en el escenario internacional" como César Gaviria (1990-94) quien fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, recordó el politólogo Jairo Libreros.

"Es la primera vez que un expresidente acepta el reto de medirse de nuevo en las urnas, y eso va a polarizar la campaña", dijo Libreros a la AFP.

Según este analista, la figura de Uribe restará muchos votos a los partidos de centro que apoyan a Santos, y a la vez augura una "oposición cerrada" en el Congreso que puede poner en peligro la aplicación de un eventual acuerdo de paz con las FARC.

Un nuevo Congreso ante la eventualidad de la paz

Santos se ha propuesto firmar un acuerdo de paz con la guerrilla hacia fines de este año, que deberá ser refrendado por la ciudadanía.

Sin embargo, ese eventual acuerdo requerirá, además del respaldo de la población, el apoyo del parlamento que deberá aprobar la legislación necesaria para su implementación.

Durante su gobierno, Uribe adelantó una dura estrategia contras las FARC, principal guerrilla del país con casi medio siglo de lucha armada y unos 8.000 combatientes, a la que debilitó y confinó a las zonas más apartadas del país, apoyado por la asistencia militar estadounidense.

A la vez, Uribe ha sido salpicado por diversos escándalos de abusos a los derechos humanos en la lucha antiguerrillera, especialmente a través del servicio secreto DAS, un organismo disuelto por Santos y varios de cuyos exdirectivos han sido acusados o condenados por la justicia.

Los grupos paramilitares, surgidos en los años 1980 para combatir a las guerrillas de izquierda, cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil.

Entre 2003 y 2006 pactaron su desmovilización con el gobierno de Uribe, en un proceso en el que recibieron beneficios procesales a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a las víctimas.

Sus declaraciones ante la justicia revelaron numerosas alianzas con la élite política y militar, que han llevado a la condena de más de 60 líderes políticos hasta ahora, entre ellos varios cercanos al exmandatario como su primo el exsenador Mario Uribe./AFP