EL CIERRE de la frontera entre Colombia y Venezuela cumplió 8 meses por decisión unilateral del Gobierno venezolano y hoy no se vislumbra una solución ni política ni económica para frenar el problema.

Más bien, los analistas consideran que este hecho está generando mayores niveles de contrabando y más desplazamientos de la población.

El investigador del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez,  sostuvo a EL NUEVO SIGLO que tuvo en un análisis hecho a este medio, “ya lleva 8 meses y parece que estamos más cerca de que el periodo sea de dos años, esto me llama la atención porque la actitud del Gobierno colombiano ha sido bastante pasiva respecto a que un país amigo maneje una postura tan radical como la de mantener la frontera cerrada”.

Expresó que la ilegalidad, que es la causa por la que se cerró, sigue vigente en la zona, recordó que Venezuela ya tiene una ley de fronteras y allí se encuentran algunas particularidades como la prohibición para que los gobernadores de los Estados fronterizos venezolanos, puedan generar acuerdos con los gobernadores y alcaldes colombianos. “Esto ahora se centraliza en cabeza de la cancillería venezolana y en lugar de facilitar los procesos de integración, lo que hace es trabajar en la ruta contraria”, sostuvo.

Dijo el experto que se tiene que esperar a ver si el Gobierno colombiano logra una serie de herramientas para que en un momento determinado los ciudadanos dejen de ser afectados por un cierre unilateral.

Efectos

Recordó que las afectaciones son varias, particularmente las económicas si se tiene en cuenta que les han roto la cotidianidad a las personas, “una persona que antes vivía en Colombia y trabajaba en Venezuela ya se ha roto y la única forma es por medio de un paso ilegal”.

Entre tanto, el experto Ricardo Abello manifestó de manera tajante que “se había acudido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, precisamente para mostrar la violación de los derechos humanos de las personas en la zona de frontera. Pero en estos momentos hay otro tipo de perjuicios que se están sufriendo”.

Sostuvo que la situación es muy complicada teniendo en cuenta la misma posición en las que está el gobierno venezolano y de Venezuela en general. “Este tipo de medidas lo único que hace es seguir impulsando los problemas de contrabando y sobre todo de ilegalidad en la zona de frontera”, sostuvo.

Anotó que es que no se observan  las medidas que se puedan tomar en estos momentos, ya que no existe un mecanismo para forzar al gobierno venezolano  para que reabra la frontera. “Lo que existen son unos casos concretos que se pueden investigar que son los perjuicios que sufren los individuos en esa zona”.

Situación crítica

Por su parte, la Cámara de Comercio colombo-venezolana señala que la situación económica en la zona fronteriza “es cada vez más crítica y seguramente se plantearán, por parte de los actores de la región, incentivos tributarios que estimulen la producción, como la exoneración del IVA, disminución del impuesto de renta o la mejora en el régimen de zona franca, proyectos para mejorar los servicios de agua y gas, y estímulos para el empleo”.

En un comunicado de prensa la Cámara plantea que “insistimos en que, además de las propuestas locales, es fundamental que el desarrollo fronterizo esté en el primer lugar de la agenda binacional. El Táchira y Norte de Santander tienen una tradición de complementación, producción y comercio que augura buenos resultados. Una solución sería, sin corrupción, que además de construir bienestar en la frontera ayudaría de paso a resolver el desabastecimiento. Solamente falta que nuestros gobiernos prioricen esta tarea”.

A su vez, el internacionalista Walter Arévalo, señaló que “las restricciones al tránsito constituyen  una violación a los regímenes comunes de importación y exportación, pero también a los principios de la organización mundial del comercio”.

Añadió que aparte de las pérdidas que le puedan generar a las dos economías, se tendría que mirar si no existe una violación a la obligación de liberalizar el comercio y no poner barreras ni arancelarias, ni  no arancelarias como puede ser las barreras al tránsito y servicio.

Arévalo indicó que el cierre de una frontera siempre significará una separación de la sociedad, de los núcleos familiares y que la gente se siga motivando en utilizar los pasos fronterizos ilegales, lo que facilita aún más el contrabando y el tránsito de personas.  

Por su lado los congresistas también se manifestaron sobre las afectaciones. El senador liberal Andrés Cristo, recalcó cómo la informalidad y el desempleo tienen absolutamente azotada a Cúcuta.

Puertas abiertas

Para el senador Cristo, es importante que se haga un monitoreo permanente por parte de los ministros de Hacienda y de Comercio para que un alcalde o un gobernador puedan tener las puertas abiertas en el alto Gobierno para solucionar los problemas que se pueden ir generando.

A su turno, el congresista conservador Juan Manuel Corzo, vocero de la colectividad en el Senado, se mostró preocupado por la crisis creciente que atraviesa la zona fronteriza con Venezuela, y en especial su departamento Norte de Santander.

Indicó que su región vive en una completa austeridad y que a eso se suma que los habitantes, comercialmente hablando, viven con muchos problemas. “A los comerciantes y dueños de almacenes les ha tocado reducir las compras, de tal manera que las utilidades son pocas”, explicó.

Agregó que muchas personas han tenido que cerrar los almacenes o los han puesto en arriendo o venta. “La situación de frontera sigue siendo calamitosa, sigue siendo muy delicada, frágil, por eso el Gobierno tiene que empezar otra alternativa para las zonas de frontera, no solamente en Norte de Santander, sino también abarcando a La Guajira, el Cesar y  Santander”, sostuvo.

Entre tanto, el representante a la Cámara Ciro Rodríguez, también conservador, anotó que lo que se tiene que hacer es aprovechar la situación que se vive con el bloqueo, para mirar hacia la construcción de desarrollo más autosostenible.

“Pero creemos que la solución para la zona de frontera debe ser estructural, y eso tiene que pasar por el mejoramiento de la infraestructura, por cerrar las brechas sociales y por darle una mayor dinámica a la región”, manifestó.