A través de una misiva dirigida al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, requirió evaluar las condiciones de venta de las acciones de la generadora de energía Isagén por parte del Gobierno Nacional.

El jefe del Ministerio Público manifestó su preocupación respecto al impacto que sobre el patrimonio y las finanzas públicas podrían ocasionar las actuales condiciones de venta de estas acciones, considerando que la determinación del valor de venta de la participación estatal en Isagén, previa valoración realizada por expertos, se fijó para cada una de las acciones en $2.850 y posteriormente se modificó a $3.178 por acción.

Advirtió que el haber contemplado que el precio de la enajenación podría ser cancelado en pesos corrientes o su equivalente en dólares de los Estados Unidos, ante el deterioro continuo y ascendente en los términos de intercambio  entre el peso y el dólar, la variación ascendente del dólar, cada acción pasó de valer 1.71 dólares en 2013 a 1,07 dólares en agosto de 2015, lo cual implica una desmejora en el valor de la empresa  en algo más de 37%; desvalorización que no se compensa con el ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se estimó en la estrategia de venta.

Finalmente, puntualizó que el Ministerio Público “se hace vocero, ante su despacho, de la preocupación ciudadana en lo que hace relación con la destinación de los ingresos producto de la venta de la participación en Isagén”.  

La Procuraduría hace este llamado para preservar los intereses superiores del Estado y, en ejercicio de las funciones constitucionales y legales asignadas al Ministerio Público, particularmente las concernientes a la defensa de los intereses de la sociedad y a velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.