Revisar de manera urgente los criterios a partir de los cuales se está tramitando la aplicación del componente de asistencia y atención, le pidió al Gobierno nacional la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

El pronunciamiento responde a la protesta de un grupo de unas 60 personas en condición de desplazamiento que el miércoles intentó tomarse la sede de la delegación de la Unión Europea, ubicada en la calle 116 con carrera Novena, en el norte de Bogotá.

La Consejería pidió la presencia de organismos nacionales e internacionales luego de la acción de hecho.

Según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de un comunicado, para la Consejería esa acción de hecho no hace otra cosa que expresar un problema estructural del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que no está garantizando la reparación integral a las víctimas, no garantiza el avance en la superación de las condiciones de vulnerabilidad y tampoco garantiza la ayuda humanitaria de conformidad con lo establecido en la legislación nacional y lo ordenado por la Corte Constitucional.

Los líderes de la acción de hecho han dicho que su protesta fue violentamente reprimida por parte de la Policía, lo cual los obligó a ubicarse desde la noche del miércoles debajo del puente ubicado frente al edificio de la UE.

Las principales solicitudes de las víctimas manifestantes son acceso a la vivienda; seguridad alimentaria con énfasis en los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado; acceso a la educación; seguridad; acceso a tierras y proyectos productivos; acceso a jardines y guarderías; derecho a la educación; respeto a la participación (debido a la impugnación de la mesa distrital de víctimas); registro de víctimas, y salud.

En lo relacionado con el levantamiento de la acción de hecho, la solicitud fundamental de las víctimas corresponde a la entrega inmediata y oportuna de la Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición, las cuales según la Ley 1448 deben ser entregadas de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia de la población desplazada.

La denuncia señala que aún no cuentan con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, que según lo establecido por la Corte Constitucional, deben ser garantizados de manera permanente a las víctimas del conflicto armado interno mientras se mantengan sus condiciones de vulnerabilidad.

De igual manera causa inconformidad entre las dependencias de víctimas de desplazamiento forzado ubicadas en el Distrito Capital, la manera en que se está aplicando el artículo 112 de la Ley 1448, bajo una interpretación restrictiva de la ley y la Constitución, retirando la ayuda humanitaria a las víctimas que se encuentran en situación de desplazamiento hace más de 10 días sin que se haya garantizado su estabilización socioeconómica.

La Consejería pide a la comunidad internacional, a la Corte Constitucional, a los organismos de control y a las comisiones de seguimiento de la Ley 1448 que se hagan presentes en el lugar de desarrollo de la acción de hecho para abrir un escenario de discusión sobre la situación planteada.

De manera inmediata, la Consejería dispuso para la población víctima su Unidad Móvil de atención 24 horas y adelantó este fin de semana la instalación de una mesa de diálogo con las víctimas. Desde entonces, de manera conjunta con las Secretarías de Integración Social, Educación y Salud, se encuentran avanzando en las acciones de su competencia para atender los requerimientos de las víctimas manifestantes, acompañados por gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno.