Medidas urgentes y eficaces pidió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, para solucionar la situación de aproximadamente 800 personas que habitan en 2.537 hectáreas de la ladera suroccidental de Barranquilla, declarada como de alto riesgo de deslizamientos por la inestabilidad del terreno y que afectan viviendas, vías y obras de infraestructura en 11 sectores.

En una Resolución Defensorial, Otálora Gómez exigió a la administración distrital de Barranquilla la reubicación de las familias en peligro ante la inminencia de desplazamiento en los terrenos que habitan, el cumplimento de los acuerdos suscritos con aquellas que han sido beneficiadas y medidas para evitar el asentamiento de personas en las zonas de alto riesgo.

La Resolución Defensorial permite al Defensor del Pueblo pronunciarse sobre situaciones concretas que afectan la plena vigencia de los derechos humanos de las comunidades y lo faculta para presentar a las autoridades recomendaciones para la solución de los problemas y exigir su cumplimiento.

El documento fue elaborado dos meses después de una audiencia pública con los habitantes de los 11 barrios afectados por los constantes deslizamientos de tierra, con el fin de escuchar sus reclamaciones. Allí se formularon recomendaciones a la administración distrital de la capital del Atlántico para mitigar el riesgo por los constantes deslizamientos de tierra que afectan la ladera occidental de la ciudad.

Según lo establece la resolución, las autoridades distritales deberán verificar el censo de afectados con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Así mismo, convocar al Servicio Geológico Colombiano para explicar y presentar en mesas técnicas la forma como se incluirán los estudios de la zona en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Los estudios zonifican las amenazas por movimientos de remoción de masas en la ladera suroccidental de la ciudad, comprendida por 68 sectores, entre los que se encuentran Siete de Abril, Bosque, Mequejo, Cuchilla de Villate, Villa Santos, Campo Alegre, Miramar. En algunos de estos sectores ya se han presentado reubicaciones de familias, y demoliciones de viviendas, mientras otras edificaciones siguen en riesgo por los deslizamientos de tierra.

Por esta razón, el Defensor Otálora Gómez recomendó a las autoridades levantar un mapa de riesgos con base en los estudios geológicos realizados y crear un sistema de alerta temprana para monitorear las estructuras y así garantizar la vida de las personas que siguen viviendo en las áreas de alta amenaza.

Otras áreas deberán ser declaradas como reserva natural, advirtió en la Resolución Defensorial.

De igual manera le sugirió a la Alcaldía de Barranquilla que debe exigirles a los constructores que respondan por los perjuicios causados a los habitantes afectados.

También le indicó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República su intervención.