Resolver el incidente de nulidad que fue promovido contra la Sentencia T-627 de 2012, fallada por la Sala Octava de Revisión del alto tribunal contra el procurador Alejandro Ordóñez y dos procuradoras delegadas le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional la jefa encargada del Ministerio Público, Martha Isabel Castañeda.

En su oficio, Castañeda le recordó a la Corte que el 24 de septiembre no sólo había solicitado que se declarara la nulidad de la citada sentencia (pues advertía que con la misma se había incurrido en una grave violación al debido proceso), sino que además requirió darle prelación a la solución de esa solicitud, así como reconocer su intervención y la de una de las procuradoras delegadas, que habían sido ignoradas por la Sala al momento de proferir sentencia, y realizar una audiencia pública en donde se permitiera la intervención de todas las partes.

Le insistió a la Sala Plena en que resolviera la solicitud de nulidad por ella interpuesta, así como sus demás solicitudes relacionadas, toda vez que hasta la fecha únicamente se han adelantado actuaciones extrañas a un incidente de nulidad, como es poner en conocimiento de las accionantes la correspondiente solicitud de nulidad para que ejerzan “su derecho de defensa” y aceptar las intervenciones de las mismas y las de terceros.

La procuradora Castañeda recordó que ya en oficio del 4 de octubre de 2012 había planteado además “el hecho insólito e inaudito” de que dos sustanciadores del juzgado de primera instancia en el citado proceso habían informado, después de tres días, que dos de las accionadas se habían equivocado al notificarse de la respectiva decisión, registrando una fecha distinta a la del día en que se surtió el trámite.

Agregó que, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que “los errores cometidos por los despachos judiciales al computar los términos para la interposición de recursos, no pueden ser corregidos a costa de afectar el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales”, de donde concluyó que en caso de rechazar la solicitud de nulidad presentada por extemporánea, la Corte “no sólo estaría amparando una serie de ostensibles y perturbadoras violaciones al debido proceso, sino también vulnerando ella misma el debido proceso”.

Demanda a Procurador

Por sus decisiones en contra de los derechos sexuales de las mujeres, un grupo de 18 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), demandará ante las Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.

En comunicado difundido por las organizaciones se señala las actuaciones del Procurador como “abusos de poder” en contra de los derechos reproductivos del género femenino.

“Vamos a la CIDH para denunciar la falta de control del Estado al abuso del poder del Procurador, que desconoce los derechos humanos, sexuales y reproductivos, cuya omisión puede generar la responsabilidad internacional de Colombia”, dice el boletín.

A pesar que al organismo de control le corresponde velar por los derechos sexuales de las mujeres, estos no son protegidos por parte del Ministerio Público, dijo Juanita Candamil, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

La Vocera sostuvo que como consecuencia de las posturas del Procurador, además se han visto afectados los integrantes de la comunidad Lgbti (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Asimismo, la representante de la ONG denunció persecución por parte de Ordóñez a los líderes de organizaciones lo cual les ha ocasionado problemas laborales.

Candamil dijo que aunque el conflicto armado en Colombia le ha traído graves consecuencias al país, estos temas han dejado a un lado los derechos sexuales. La activista sostuvo que espera que la Comisión intervenga y se proteja a esta población.