"Profunda preocupación" por el funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos expresó la Procuraduría a través de la Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, que le solicitó al Gobierno Nacional que se implemente a la brevedad posible lo ordenado por la Ley 1575 de 2012 en esta materia.

El Ministerio Público recuerdó que junto con la Unidad de Gestión de Riesgos de la Presidencia de la República, los cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios son esenciales para garantizar la seguridad de las vidas y bienes de los colombianos ante eventuales emergencias.

En acompañamientos directos realizados por la Procuraduría, en ejercicio conjunto con personeros y organismos de socorro y de atención y prevención de desastres, se han evidenciado debilidades de coordinación y organización del sistema, muy a pesar del reconocido heroísmo y compromiso de los integrantes de los cuerpos de bomberos. Si bien el país cuenta con personal experto y altamente calificado, las debilidades de coordinación, información y financiación del sistema no permiten su eficiente y eficaz desarrollo, por tanto se requiere la inmediata implementación de las normas que sobre la materia fueron ordenadas por el legislador, las cuales están hoy en precario desarrollo.

Este organismo de control llama además la atención a gobernadores y alcaldes sobre la adecuada organización del sistema en sus regiones y la cuidadosa administración que debe darse a la sobretasa dispuesta para tal fin.

Situación analizada

El viernes 1 de febrero la Procuraduría conoció la situación de emergencia que se registraba en el municipio de Lenguazaque (Cundinamarca), por los incendios forestales iniciados el 30 de enero y que afectaron aproximadamente 30 hectáreas en las veredas Tibita y Farasia, esta última en límites con el páramo de Rabanal, de donde se abastece el acueducto municipal que surte aproximadamente a 2.500 personas.

El municipio de Lenguazaque carece de cuerpo de bomberos y había contratado este servicio con el de Ubaté, con los recursos recaudados con la sobretasa bomberil. El incendio forestal fue puesto oportunamente en conocimiento de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que a pesar de sus esfuerzos solo logró la presencia en la zona de seis miembros de la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos de Ubaté (constituido por 6 personas), 15 brigadistas de Chía y Guachetá y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, personal que resultó insuficiente para brindar atención adecuada a este incidente. Un helicóptero de la Fuerza Aérea prestó apoyo el viernes en horas de la tarde.

El Ministerio Público registró el acompañamiento de la comunidad de la región en la atención de la emergencia, pero se trataba de personas sin las herramientas, vestuario o capacitación apropiados para la intervención en este tipo de situaciones, lo que implicaba un riesgo para su salud y su vida. El sábado 2 de febrero hicieron presencia el Grupo de Atención de Emergencias de la Policía Nacional y cuatro integrantes de la Unidad de Gestión de Riesgos; a la madrugada del lunes 4 de febrero arribó el Batallón de Desastres del Ejército Nacional.

La Procuraduría se comunicó directamente con la Coordinación General del Sistema Nacional de Bomberos y ante la Dirección General de la Defensa Civil y solicitó el acompañamiento necesario para brindar las mejores garantías a la comunidad afectada, sin que se lograra la presencia efectiva de estas dos entidades. Sólo fue posible superar totalmente la emergencia por las fuertes lluvias que se registraron en la región los días domingo 3 y lunes 4 de febrero.