Planteando que la ley de Justicia y Paz debe reformarse para que no se estanque, luego de seis años sin mayores avances para las víctimas, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la OEA (Mapp-OEA), Marcelo Álvarez, y el juez español Baltasar Garzón se reunieron ayer con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Según Álvarez, el proceso de desmovilización puede “estancarse” si no hay sentencias rápidamente y puede perder “credibilidad” entre los posibles beneficiarios, los desmovilizados y las víctimas.

Esguerra agradeció la presencia de Álvarez y Garzón. “Están aquí por invitación del Presidente de la República, porque hemos pedido la colaboración de la Organización de los Estados Americanos, la personal del juez Garzón, para que nos ayude a mirar el estado de la cuestión de nuestro proceso de justicia y paz, ver en qué estamos, en dónde están los inconvenientes en la puesta en práctica de un proceso que le interesa a todo el mundo”, explicó.

El ministro Esguerra advirtió que los inconvenientes que presenta la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) no son un problema sólo del Gobierno, son un problema del Estado “y eso significa que compromete, preocupa e involucra la responsabilidad de autoridades de las tres ramas del poder público”.

En este sentido, Esguerra advirtió que “todos tenemos en nuestras manos este problema, todos tenemos que aportar algo a la búsqueda de esta solución y lo que hemos querido es recibir luces de afuera, que generalmente tienen la ventaja no sólo de ser sabias, como lo son en este caso, sino porque precisamente vienen de afuera, porque se acercan con objetividad y visión externa”.