Revisión a las acciones institucionales desarrolladas durante el primer año de gobierno de Juan Manuel Santos.

La necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas para prevenir y eliminar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado será reiterada hoy por las organizaciones que hacen parte de la campaña “Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la Guerra”.
Diana María Montealegre, coordinadora de la campaña, anunció que esta mañana, a las 9, en el Capitolio Nacional presentarán un informe de seguimiento a los compromisos del Estado colombiano frente a los derechos humanos de las mujeres, específicamente en materia de  prevención y eliminación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, y la atención de las mujeres víctimas.
Hacen parte de la campaña la Corporación Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asociación Madres y Mujeres Abriendo Caminos (Ammac), el Centro de Promoción y Cultura (CPC-Fasol), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la Corporación Vamos Mujer y la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (Funsarep).
Lo más probable es que el informe no diste mucho del divulgado hace pocas semanas por Amnistía Internacional (AI).
Según AI, las autoridades les siguen negando a las sobrevivientes de la violencia sexual sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Esta situación de impunidad podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), según le manifestó recientemente a EL NUEVO SIGLO la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Susan Lee.
La CPI, dijo en esa oportunidad, “tiene jurisdicción para abrir una investigación cuando es invitada por un Gobierno, o cuando un Estado no puede o no quiere asegurar que haya justicia para crímenes de lesa humanidad”; de modo que “en la medida en que el Gobierno colombiano no pueda o no quiera asumir esto” abre la posibilidad de que la CPI “intervenga”.
AI, le expresó Lee a este Diario, quiso hacerle seguimiento a su informe anterior, realizado en 2004, descubriendo que la violencia sexual contra la mujer sigue siendo una práctica “generalizada y sistemática, que la siguen ejecutando todos los actores del conflicto y que la respuesta del Estado sigue siendo igual: Sin resultados”.
Al conocer ese informe, el ministro de Justicia y el Derecho Juan Carlos Esguerra invitó a todas las mujeres a que denuncien este delito, pues es el primer paso para investigar y castigar a los victimarios: “Necesitamos que las mujeres nos ayuden porque si no denuncian difícilmente podemos saber, investigar y sancionar. Necesitamos su colaboración”.
Sin embargo, cifras del propio Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran que en 2010 realizaron 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 en 2000, lo que demuestra interés por denunciar; pero sólo 109 de estos casos fueron clasificados como relacionados con el conflicto, lo que pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes.
“En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, anotó Lee.
Desde que el presidente Santos “tomó posesión en 2010, el Gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de abusos contra estos derechos, incluidos los actos de violencia sexual contra mujeres”, comentó Lee.
La inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hacen muy difícil evaluar el alcance real del problema. Las estadísticas disponibles no indican con claridad los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que podrían estar relacionados con el conflicto armado.
Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez es investigado efectivamente.