Ante la dramática situación de la población indígena recluida en las cárceles del país, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se defina de manera expedita la situación de la población indígena que se encuentra privada de la libertad y recordó que por tratarse de una población vulnerable debe gozar de especial protección del Estado, como lo advierte la Constitución.

Otálora visitó la cárcel San Isidro de Popayán, donde se reunió con 102 indígenas privados de la libertad, entre ellos Manuel Antonio Bautista, miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quien fue capturado el pasado 4 de enero por la Policía Nacional en el municipio de Santander de Quilichao, acusado de terrorismo.

Según la versión de los líderes indígenas, al día siguiente de la detención de Bautista se presentaron enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y las personas que protestaban por la forma como se llevó a cabo la detención y por los cargos que le imputan. Allí resultaron heridas 24 personas.