Como contraria a los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, calificó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, Center for Justice and International Law) la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en carta enviada al Consejo de Estado.

La Cejil, organización con sede en Washington, Estados Unidos, tiene como misión el contribuir al goce de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA mediante el uso eficaz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El oficio enviado al Consejo a través del magistrado ponente de la tutela que salvaguarda los derechos de Petro, Guillermo Vargas, expresa que la decisión de la Procuraduría de Colombia es contraria a los derechos políticos consagrados en el Pacto de San José, así como de la jurisprudencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana.

La carta, firmada por Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de Cejil, enuncia que hay en Colombia una falta de precisión en la interpretación de la jurisprudencia del Sistema Interamericano, por lo que menciona los alcances de los derechos políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las restricciones legítimas al ejercicio de tales garantías, y la obligatoriedad de Colombia y todo su aparato estatal para seguir los estándares con base en el “control de convencionalidad”.

“Los ciudadanos, no solo deben gozar de derechos, sino también de ‘oportunidades’. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de dichos derechos políticos, tenga la oportunidad real para ejercerlos”, afirma Cejil.

Agrega que “la importancia de los derechos políticos y de la protección de la democracia a la que están ineludiblemente vinculados es tal que no es posible constreñirlo, aun en caso de que exista un conflicto interno u otra emergencia que ponga en peligro la independencia o la seguridad del Estado”.