Es necesario aclarar si la llamada “Jurisdicción Especial de Paz” (JEP), cuya creación pactaron el Gobierno y las Farc para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, podría terminar convertida en una “justicia paralela”.

 

Así lo advirtió ayer la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Margarita Cabello Blanco, en un duro pronunciamiento en el que insistió en que ese alto tribunal debe ser informado de lo que se negocia en materia judicial para evaluar sus implicaciones en la justicia ordinaria, las condenas ya en firme y ejecutoriadas e incluso la jurisprudencia en materia penal que está rigiendo.

 

“Evidentemente la Corte va a conversar con todo el equipo del proceso de paz para tocar algunos temas que inciden directamente con las funciones propias de la Corte y de la Rama Judicial. (Temas) que queremos conversar para llegar a algunos puntos de equilibrio, que creo que se pueden lograr perfectamente, pero si estamos en ese camino”, explicó la magistrada ayer a los periodistas en el Congreso.

 

A renglón seguido planteó una serie de preguntas al respecto: “¿Cómo serían los procesos que irían a la jurisdicción de paz? ¿Cómo se estructura y organiza la jurisdicción de paz? ¿Van a ir (a esta) los procesos que tienen que ver con los paramilitares y el tema de Justicia y Paz? ¿Qué pasaría con esos jueces? ¿Se presentarían conflictos de competencia si nosotros nos quedamos con la jurisdicción de paz respecto a los paramilitares y ellos (los de la JEP) siguen?” 

 

Indicó Cabello que se debía tener un concepto claro sobre los asuntos anexos a los procesos de conflicto. “En fin, hay mucho tema en donde la Corte tiene que oír, participar y opinar ¿Qué va a pasar con todos los precedentes jurisprudenciales relativos al derecho internacional humanitario y al derecho relativo a las graves lesiones humanitarias?”, se preguntó.

 

Interrogada respecto a si la Corte podría incidir en la elección de los magistrados del Tribunal Especial de Paz, creado por la JEP, la presidenta de la Corte Suprema indicó que ese tema era pequeño dentro de todo este debate.

 

“El tema de la elección es el menos, el tema burocrático es el menos… Es el tema de fondo, es que va a cambiarse toda la estructura (judicial) ¿Qué va a pasar con las decisiones de las altas Cortes o de la Sala Penal, en firme y con condenas ejecutoriadas, que el proyecto de acuerdo (de la JEP) dice que podrían ser revocadas o no tenidas en cuenta? ¿Qué va a pasar con las decisiones de una Rama Judicial estructurada completamente? ¿Cómo queda la Rama Judicial? ¿Será esto una justicia paralela? ¿Qué va a pasar con todos los problemas que se susciten a raíz de la solución de este conflicto, que será la justicia ordinaria la que los va a solucionar?”, siguió interrogando la magistrada.

 

Según Cabello, hay “muchísimas preguntas en temas todavía no claros que debemos empezar ya a intervenir como Corte Suprema”.

 

“Todo está en duda todavía, necesitamos sentarnos con ellos (los del proceso de paz), oírlos, intercambiar, que tengan en cuenta que la Rama Judicial necesita también enterarse, saber qué está pasando, y opinar, por sus conocimientos y el ejercicio de su función, sobre todos estos temas”, puntualizó.

 

La JEP

 

Como se sabe, en diciembre pasado el Gobierno y las Farc anunciaron la creación de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que está compuesto por “diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz”.

 

Uno de esos mecanismos es, precisamente, la JEP, encargada de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto. De allí que los críticos de este acuerdo sobre justicia transicional no sólo adviertan que posibilita grandes dosis de impunidad a los guerrilleros que confiesen su culpabilidad en delitos graves (no pagarían ni un solo día de cárcel y tendrían elegibilidad política inmediata), sino que su funcionamiento creará un choque institucional muy grave entre la JEP y la justicia ordinaria, pues la diferencia de penas y sanciones entre la primera y la segunda es muy sustancial.

 

La JEP, señala ese acuerdo, estará integrada por magistrados “principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros”, y estará compuesta por cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva: El Tribunal para la Paz, que estará compuesto por diferentes secciones; la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Amnistía e Indulto; la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas: y la Unidad de Investigación y Acusación: y la Secretaría Ejecutiva.

 

Según lo pactado, la JEP tendrá la facultad de pedir a la justicia ordinaria que le transfiera los procesos penales –incluso los ya fallados- que tengan que ver con el conflicto armado. En ese orden de ideas, el Tribunal para la Paz será nada menos que el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para Paz. Compuesto por 5 secciones, tendrá como funciones principales juzgar e imponer sanciones a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en particular las más graves y representativas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

 

Condiciones conservadoras

 

De otro lado, un nuevo condicionamiento puso sobre el tapete ayer el Partido Conservador al proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc.

 

El presidente del Directorio Nacional Conservador, parlamentario David Barguil, le envió una carta al Jefe de Estado en la advierte que el país necesita garantías de imparcialidad en la escogencia de los magistrados del llamado Tribunal de Paz.

 

Esta prevención volvió a tener en las últimas semanas un nuevo capítulo, ya que en el reciente acuerdo del Gobierno y las Farc alrededor de mecanismos para ‘blindar jurídicamente’ un eventual acuerdo final de paz, se propone no sólo elevar este a la categoría de “acuerdo especial” a la luz del artículo III de los Convenios de Ginebra, sino que en el caso específico de la JEP se propone integrarla totalmente a la Constitución.   

 

Es más, ya en el proyecto de acto legislativo de paz, que está a punto de aprobarse, en último debate, en la plenaria de la Cámara, se introdujo un artículo nuevo que avanza en ese sentido, mediante una “ley aprobatoria” de todo el texto del pacto de La Habana.

 

En medio de todo este debate es que Barguil envió la carta al Presidente: “En esta oportunidad me dirijo a usted para manifestarle la preocupación que existe al interior del Partido Conservador y en distintos sectores del país, por el mecanismo a través del cual se seleccionarán los magistrados del Tribunal de Paz del sistema de justicia especial acordado con las Farc”. 

 

Sostiene el presidente del DNC que “la escogencia de estos magistrados tiene que darle plenas garantías de imparcialidad a una sociedad en la que amplios sectores temen que al poner en marcha el sistema que investigará y juzgará los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, acabemos en una cacería de brujas, reciclando la violencia a la que precisamente busca dársele fin”.

 

Según la misiva, en el Tribunal de Paz “se necesitan funcionarios del más alto nivel que no le generen dudas a ningún sector de la sociedad colombiana. En el país, la justicia no ha estado exenta de casos de corrupción y falsos testigos en los que muchos colombianos de bien han sido víctimas de manipulaciones de la justicia por intereses económicos y/o políticos que hay que evitar y combatir por todos los medios. Por estos antecedentes es que se debe poner especial atención en evitar que los miembros de este tribunal tengan algún sesgo ideológico o político que lleve a que en sus decisiones primen sus propios intereses y no la objetividad”.

 

Agregó Barguil que “aunque es bien sabido que las Farc quieren incidir en la escogencia de los magistrados del Tribunal de Paz, en esta elección debe primar, como principio no negociable, la imparcialidad de quienes integran este tribunal y demás instancias de la Justicia Especial para la Paz. El Gobierno Nacional debe blindar la autoridad del tribunal a través de un modelo de selección en el que ninguna de las partes tenga injerencia”.

 

Puntualiza la misiva que “por estas razones y por el hecho de que estos magistrados serán los depositarios de la confianza de los colombianos, es que hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional tenga pleno conocimiento de nuestras preocupaciones y establezca un mecanismo que brinde plenas garantías en la escogencia de los magistrados que integrarán el Tribunal de Paz”.

 

Por los lados

 

Lo cierto es que este tema aún no ha sido retomado en la Mesa de Negociación y mientras ello no ocurra será muy difícil que se despejen las dudas y reservas al respecto. Aun así el Gobierno ha tomado nota de la preocupación de muchos sectores al respecto.

 

Dentro de lo poco que ha precisado está, por ejemplo, que las Farc no van a designar “directamente” o “a dedo” a una parte de los magistrados. También se ha recalcado que no se trata de que Gobierno y guerrilla designen cada quien por su lado a la mitad de los juristas. 

 

Se ha especulado, por ejemplo, que las altas Cortes tendrían un papel determinante en dicha selección. También se rumoró que la guerrilla se inclinaba porque entre los juristas estuvieran delegados internacionales de ONG de izquierda. Otra versión que circuló es que se pediría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asesoría al respecto.

 

El propio presidente Santos ha dado a entender que se podría pensar en que las altas Cortes u organismos internacionales de alta credibilidad ayuden en esta selección, que no sólo debe dar garantías a las partes, sino tener imparcialidad y transparencia.