Los costos de acreditación y bienestar son los factores, entre muchos otros, los que las universidades públicas deben considerar para superar el desfinanciamiento estatal, concluyó el Comité Interinstitucional conformado por vicerrectores financieros-administrativos de ocho universidades públicas del país así como por representantes de Planeación Nacional y de los Ministerios de Educación Nacional, de Hacienda y Crédito Público. 

Ayer en su quinto encuentro de este año, dicho Comité discutió la desfinanciación de la Educación Pública Superior. Sobre el particular comentó Fernando Noreña, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira e integrante del Comité, que algunos de los problemas financieros requieren una revisión del Gobierno sobre cómo se financian las universidades para incluir elementos que le impidan al sistema entrar en crisis. 

Noreña puntualizó que un estudio devela cifras gruesas: de los 11 billones de pesos que se requerirían (9,8 para inversión una sola vez y 1,3 anualmente), el sistema hoy solo recibe 2,6 billones. 

Esto genera un retraso en muchas áreas, entre ellas, en la infraestructura física (que sobrepasa los 5 billones de pesos para modernizar edificios viejos que no cumplen con las normas de resistencia y accesibilidad a diferentes espacios). “Hay que hacer inversiones que no alteren el costo de las matrículas, tienen que ser inversiones que haga el Gobierno”, señaló el Vicerrector. 

En este sentido, el profesor Gerardo Mejía, gerente financiero y administrativo de la Universidad Nacional, afirmó que “en este documento queríamos mostrarles a los Ministerios la muy complicada situación de las Universidades Públicas; y cómo llegamos a un punto de crisis, donde las instituciones no pueden seguir sosteniendo las obligaciones generadas por el Estado con recursos propios”.