La propuesta de la Universidad del Valle para acompañar la convocatoria pública de elección del contralor del Departamento para el periodo 2016-2019, conforme a la dispuesto en el acto legislativo número 02 de 2015 (reforma de equilibrio de poderes), fue aprobada por la Asamblea.
“La convocatoria no debe tener otro asunto que las reglas claras del proceso, el cronograma y los requisitos, para que los interesados puedan acceder y participar de esta elección de contralor, entonces la convocatoria fijará fechas, las pruebas y todo lo que se va a adelantar, en suma el procedimiento escogido para ello”, explicó el asesor jurídico de la Asamblea del Valle del Cauca, Sebastián Jare Quiñónez.
El anuncio se hizo al cierre de las sesiones ordinarias, cuando también el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, firmó el decreto en el que convoca la duma departamental a sesiones extraordinarias por espacio de 15 días que empezaron a correr ayer, para el estudio de varios proyectos de ordenanza, en el que estaría incluida la cancelación de la mesada 14 a los pensionados.
Mientras el presidente de la Asamblea, Luis Enrique Ruiz, del Partido Liberal, resaltó que “hicimos la tarea”, Delgado aprovechó para rendirle cuentas a los diputados, afirmando que “terminamos nuestra gestión cumpliendo exitosamente las expectativas que nos habíamos propuesto primero en nuestro programa de gobierno y luego en el Plan de Desarrollo que está por terminar”.
“Nuestro ejercicio de gobierno se centró en recuperar la institucionalidad y sanear la parte financiera”, dijo.
Delgado destacó a los diputados como coequiperos “en la recuperación financiera y el regreso a la Categoría Especial”.
Respecto al estado del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, informó que finalizando este año se habrán pagado 440.000 millones de pesos, “quedan en bancos 120.000 millones de pesos y se proyectó cancelar en 2016 170.000 millones de pesos. Es decir, que terminando la próxima vigencia habremos destinado para el ARP 730.000 millones de pesos, con eso el nuevo Gobierno podrá pagar si así lo determina, un año antes de lo previsto ese compromiso del Acuerdo de Acreedores”.