Una investigación en conjunto de los más de 150 casos de amenazas contra líderes de víctimas, de restitución de tierras y promotores del proceso de paz que se  han denunciado en las últimas semanas, y no por separado, solicitará hoy el Gobierno nacional a la Fiscalía General de la Nación. Así lo anunció ayer el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera.

El alto funcionario en declaraciones a RCN Radio dijo que "vamos a solicitar a la Fiscalía General de la Nación llevar este conjunto de amenazas a la Unidad de Contexto, es decir no abrir un número importante de investigaciones por separado sino adelantar una investigación bajo un solo expediente del conjunto de las amenazas", aseguró.

La semana anterior la ONG Somos Defensores aseguró que este mes ha sido en el que se han registrado más amenazas contra defensores de derechos humanos y del proceso de paz por parte de grupos armados ilegales, que se atribuyen organizaciones como las Águilas Negras, la cual a principios de mes intimidó a 91 personas. Días después se conoció de más amenazas contra periodistas, políticos y activistas de derechos humanos, en esa oportunidad atribuidas a la banda denominada Los Rastrojos.

Guillermo Rivera confirmó que son 150 las personas amenazadas este mes. "Esa cifra es correcta, hace un par de semanas que se presentaron las primeras amenazas vía correo electrónico y se dirigieron a 88 personas y ahora estas que se han registrado en la última semana nos permiten hablar de que en este mes se han superado las 150 personas que estarían recibiendo amenazas", indicó.

Agregó que "la visibilización que han logrado los líderes de las organizaciones de víctimas frente a su participación en los diálogos de paz ha desatado una ola de amenaza en contra de ellos. No nos cabe duda que ellas provienen de sectores reaccionarios que quieren intimidar que legítimamente acompañan el proceso de paz".

Finalmente, Rivera dijo que está garantizada la seguridad de las víctimas a pesar de los recortes que se producirán en algunos frentes a cargo de la Unidad Nacional de Protección, debido al déficit presupuestal por el que atraviesa.