Por: Marcela Madrid Vergara

Periodista El Nuevo Siglo

A raíz de los recientes ataques con ácido que han copado la atención de la opinión pública, no han faltado propuestas para evitar que estos sigan en la impunidad. Una de ellas es la creación de una unidad especial de la Fiscalía que se dedique a investigar estos delitos.

La iniciativa surgió de Abelardo de la Espriella, abogado de la familia de Natalia Ponce de León; pero no es nada novedosa, pues en 2012, ante la indignación por el ataque a un niño de 13 años, la entonces consejera presidencial para la equidad de la mujer, Cristina Plazas, convocó a Gobierno y Fiscalía, y se anunció la creación de este grupo especializado.

Sin embargo, la idea no se materializó. Lo que hasta ahora ha hecho el ente acusador es “trabajar en los protocolos de atención e investigación con enfoque diferencial de conductas punibles de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios y lesiones por ácido, entre otros”, según un informe de gestión de 2012 y 2013.

Desde ácido hasta magnicidios

No es la primera vez que la creación de una unidad especial de la Fiscalía surge como solución a esos delitos que parecen haberse salido de las manos de los órganos judiciales. En el pasado, ante varias coyunturas, han llovido voces con esta idea, pero cabe preguntarse qué tan frecuentemente logran concretarse estas propuestas y, de hacerlo, cuál es su efectividad en el intento por acelerar la justicia.

En 2011, tras el asesinato de tres líderes de restitución de tierras en Urabá, el ministro de Defensa de la época, Rodrigo Rivera, anunció la creación de una unidad dedicada a investigar los ataques contra los líderes de tierras. Un anuncio desestimado por la entonces fiscal Viviane Morales, pues la creación de estos órganos es decisión exclusiva de la Fiscalía.

Un año más tarde, y motivado por el escándalo de la estafa por parte de Saludcoop, el fiscal general Eduardo Montealegre, propuso ante la Corte Constitucional la configuración de una unidad para investigar los delitos relacionados con el fraude a la salud. Si bien la idea no se concretó formalmente, sí se creó una subunidad para estos casos.

En 2013, al cumplirse 23 años del asesinato de Carlos Pizarro, su hija le pidió a Montealegre la creación de un grupo especializado para investigar los magnicidios que han marcado la historia de Colombia. Aunque tampoco se acogió la idea, sí se han dado avances en estas investigaciones por parte de la nueva Unidad Nacional de Análisis y Contexto (UNAC), cuyos funcionarios encontraronmás de 25 puntos de conexión entre los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro.

Una de las propuestas llevadas a término fue la de Vivian Morales, quien en 2010, ante la falta de resultados en la investigación de los desmovilizados de Justicia y Paz, anunció la creación de una unidad especial para desmovilizados. En este caso, la decisión estaba en las manos de la misma Morales, quien se desempeñaba como máxima autoridad del ente investigador.

Como explica el abogado penalista Hugo Quintero, “las propuestas prosperan según la voluntad del Fiscal General, porque eso depende de él. Para hacer una unidad especial de Fiscalía no se necesita una reforma legal ni un decreto, sino que el Fiscal la integre, defina sus componentes y sus integrantes”.

¿Funcionan?

Hoy existen 14 unidades nacionales de Fiscalía, cada una de ellas destinada a unas conductas criminales en particular. Algunas de ellas son: Unidad Anticorrupción, Antinarcóticos, Terrorismo, Bandas Criminales, Desaparición y Desplazamiento forzado, Investigación a funcionarios de la rama judicial, Medio ambiente, entre otras. Cada una cuenta con un equipo especial de investigadores, presupuesto y su propia policía judicial. Su superior jerárquico es la Fiscalía delegada ante los tribunales.

Se pensaría que por contar con un grupo de personas dedicado a un conjunto específico de delitos, estas unidades funcionarían para reducir la impunidad y así proteger a las víctimas. Sin embargo, para el exvicefiscal general Francisco José Sintura, estos “son hechos paliativos que no tienen ningún efecto. No es un tema de crear más fiscales o más unidades o jueces especiales, sino de que la investigación judicial funcione”. Y para que funcione, cree que la atención debe enfocarse en modernizar la tecnología de la investigación, mejorar la remuneración de los investigadores, que estos no dependan de sus superiores y dejen de ser “simples patrulleros”.

La ineficacia en lo que Sintura califica como burocracia, se demuestra según él en casos como el de Colmenares, en el que “nombraron una Fiscal delegada ante la Corte y llevamos cuatro años sin ningún resultado”; o Interbolsa, para el cual “nombraron una unidad con 6 fiscales y 40 investigadores y tampoco hay resultados en términos de condenas específicas”

Por su parte, el exfiscal Alfonso Valdivieso celebra la creación de una de las unidades más recientes: la de Análisis y Contexto; y pone sus esperanzas en esta: “La atomización de la Fiscalía no es conveniente, pero esa Unidad de cubrimiento nacional me parece una muy buena solución”.

Aunque este nuevo grupo se ha centrado hasta el momento en desentrañar los magnicidios de los años 80 y 90, Valdivieso propone  remitir ahí “los fenómenos delictivos que le produzcan más angustia a la población”. Incluso cree que “si hubiéramos tenido la UNAC cuando sucedió lo de Garavito, se habrían evitado muchos males, porque se hubiera tenido la caracterización, logrando relacionar los casos de cada niño”.

El penalista Quintero no descalifica las unidades especiales, pues cree que algunas, como la de Justicia y Paz o la Anticorrupción han dado resultados. Lo que le preocupa es la falta de una preparación especial para quienes las integran: “no se trata solo de que, por ejemplo, saquen unos fiscales dedicados a homicidios y los lleven a analizar masacres, sin ninguna preparación previa”.

La Fiscalía se reforma

El fiscal Eduardo Montealegre ha emprendido una verdadera reforma a la institución que encabeza. Se ha hablado de más de 3.000 nuevos funcionarios, 125 nuevos cargos de dirección, y la creación de 5 nuevas policías judiciales. Sobre esta transformación, Sintura considera que representa “una carga muy grande para el presupuesto de la Nación. El tema es de gerencia judicial, no de burocracia. Tenemos que ser eficientes en la investigación y para lograrlo lo que necesitamos es modernizar la policía judicial. Si eso no se hace, seguiremos en el mismo colapso y atraso que traemos de años atrás”.

Por su parte, Valdivieso acepta la medida siempre y cuando “se traduzca en mayor eficiencia. La necesidad de mayor policía judicial es muy importante. He oído al fiscal quejarse de la lentitud y la falta de una respuesta oportuna de la justicia”.