Hay cuatro formas de analizar lo que pasó el miércoles pasado en la cumbre de la Mesa de Unidad Nacional con el presidente Santos y sus principales ministros.

Un primer enfoque se basa en advertir lo insólito y ajeno a toda lógica y técnica legislativa que resulta el hecho de que sobre un tema tan delicado y trascendental para el país, como lo es el sistema de investigación y juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública, se tramiten simultáneamente dos iniciativas constitucionales que, por tratarse de modificaciones a los mismos artículos de la Carta, en modo alguno se pueden considerar complementarias o susceptibles de cohabitar institucionalmente.

Ambas iniciativas hablan de tocar el artículo 221 de la Constitución, con la única diferencia de que el cambio incluido en el texto de la reforma a la justicia sólo se limita a ordenar que “de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares…”, mientras que el proyecto independiente que impulsa el Ministerio de Defensa es más detallado pues, entre otras cosas, diferencia y clasifica delitos de competencia de la jurisdicción castrense y la ordinaria, al tiempo que precisa procedimientos y garantías procesales.

Blanco y negro

Un segundo flanco de análisis a lo ocurrido en la reunión del miércoles se basa en evaluar los resultados de la cumbre a la que asistieron los presidentes de los partidos Verde, Luis Eduardo Garzón; Conservador, senador Efraín Cepeda; La U, senador Juan Lozano; y Liberal, representante Simón Gaviria; estuvieron, además, el representante a la Cámara, Germán Varón Cotrino, vocero de Cambio Radical, y el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo. El de la Cámara, como se sabe, es el mismo jefe de las toldas rojas.

Es claro que la principal intención del Ejecutivo en el cónclave palaciego era convencer a los líderes de la coalición de que aceptaran retirar el artículo sobre fortalecimiento del fuero militar del texto del proyecto de reforma a la justicia, con el fin de impulsar una iniciativa independiente, más integral y puntual.

¿Fue derrotado el Gobierno? Sí y no. Lo primero porque los partidos de la Unidad Nacional se negaron a excluir el artículo referido de la reforma judicial, pese a que el propio presidente Juan Manuel Santos así lo había pedido semanas atrás. Es claro, entonces, haciendo una lectura rápida, que aquí el Ejecutivo perdió y que la coalición no le marchó a las directrices gubernamentales.

Sin embargo, tras las nuevas explicaciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre las bondades del acto legislativo independiente sobre revolcón en la justicia penal militar, la coalición de Unidad Nacional aceptó que esa iniciativa sea radicada en el Congreso y comience su trámite, sin importar que sea paralelo al artículo de la reforma judicial que, dicho sea de paso, tiene la ventaja de que ya superó cuatro de ocho debate reglamentarios y, en caso de que logre los vistos buenos restantes, sería finalmente aprobada antes de que termine junio.

¿Entonces? Puede decirse que aquí el Ejecutivo ganó, pues el peor y más complicado de los escenarios hubiera sido que la coalición se radicalizara a respaldar únicamente el artículo contenido en la reforma a la justicia y no aceptara la ‘competencia’ que implica el acto legislativo que impulsa el Ministerio de Defensa.

¿El pulso quedó en tablas? Eso no es claro, porque el propio Pinzón indicó que sobre el artículo referente al fuero militar incluido en la reforma a la justicia, no hubo  “una decisión y que se seguirá trabajando con las bancadas”. Es más, confirmó que en los próximos días el propio Santos sostendrá algunas reuniones con la coalición para determinar la forma cómo, finalmente, se procederá con el mencionado artículo

Es decir, que la Casa de Nariño no renunciará a seguir presionando el retiro del artículo en cuestión y que, ahora, será el propio Jefe de Estado el que ‘gestionará’ el tema directa y puntualmente con cada partido de su coalición.

¿Fisuras?

Un tercer flanco de análisis a la Unidad Nacional es qué tanto lo que pasó este miércoles puede implicar una grave fisura de la coalición tras casi 20 meses de mandato.

El propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, niega que haya tal conato o comienzo de división: “Da la impresión de que hay fisuras, y no es así. La Mesa de Unidad afrontará la próxima legislatura con pleno consenso y con los temas prioritarios de la agenda acordados. Además, las iniciativas que tienen origen parlamentario también harán parte de la misma y saldremos como un solo hombre”, aseguró.

Igual opinan los jefes de los partidos con asiento en la Unidad Nacional, para los cuales la diferencia en torno al fuero militar no implica ningún tipo de rompimiento o choque entre el Gobierno y su coalición, en gran parte porque, ya sea el artículo incluido en la reforma a la justicia, o el acto legislativo que impulsa el Ministerio de Defensa, ambos buscan lo mismo: fortalecer el sistema de investigación y juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía. Fisura, choque o rompimiento habría si las iniciativas en cuestión se contradijeran abiertamente.

“… Tan no hay aquí ningún choque con el Gobierno, que nosotros lo que estamos aprobando (en la reforma a la justicia) es el mismo artículo que en octubre del año pasado presentó el recién llegado Ministro de Defensa… Otra cosa es que luego el Gobierno haya decidido tramitar un proyecto aparte”, precisó uno de los ponentes del proyecto de reforma, que pidió la reserva de su nombre porque “cuando uno responde preguntas sobre fisuras en la coalición por más que las niegue, siempre queda un ruidito ahí…”.

Matices normales

Cada que en asuntos de política se habla de “cismas”, “divisiones” y “fisuras”, quienes consideran que no hay tales acuden a un término: “matices”. Y eso, precisamente, es lo que puede explicar lo que está pasando entre Gobierno y coalición por el tema del fuero militar.

Un primer “matiz” puede basarse en que para muchos congresistas los picos de inseguridad y desorden público que han crecido en los últimos meses pueden estar relacionados con una especie de temor operativo, no de los altos mandos, sino de las tropas en el campo de combate. Muchos capitanes, tenientes, sargentos y soldados confiesan en privado que no quieren terminar “empapelados” ante la justicia ordinaria y la Procuraduría por cada captura u operativo que hagan, por más transparente que sea. Y es que decir que no existe la llamada ‘guerra jurídica’ contra la Fuerza Pública resultaría ingenuo.

Otro “matiz” se basa en que los partidos se están cuidando de una reacción negativa de la opinión pública al hecho de retirar el fortalecimiento al fuero militar de una iniciativa que ya va avanzada en el Congreso. En un país en donde las fuerzas castrenses y policiales tienen altos índices de favorabilidad, por más que se expliquen las bondades de un nuevo proyecto autónomo, la mayoría de los colombianos no entendería aplazar una norma dirigida a proteger a los uniformados de denuncias presuntamente temerarias en su contra o de supuestos juzgamientos sesgados o a cargo de fiscales o jueces civiles sin la suficiente experticia en asuntos bélicos.

Un “matiz” adicional se refiere a que hay en la ciudadanía sentimientos y percepciones muy confusas en torno a por qué la justicia ordinaria parecería más drástica con los militares y policías que incurren en violaciones a la ley, que con los guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes, a los cuales, incluso, se les ofrecen muchas gabelas, penas bajas, flexibilidades penitenciarias y excarcelaciones.

Y un último “matiz”: no es la primera vez que la coalición parlamentaria mayoritaria desatiende las directrices gobiernistas. Ya lo hizo y seguramente habrá otros casos. Es algo normal en una coalición de partidos tan distintos, con sus propias agendas y urgencia de posicionarse y diferenciarse. Por ejemplo, en el proyecto de reforma a la justicia el Ejecutivo proponía acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, y tanto en comisiones primeras como en plenarias de Cámara y Senado los partidos de la coalición se opusieron férreamente.

Como se ve, hablar de “fisuras” en la Mesa de Unidad Nacional no tiene mucho piso. Simplemente hay “matices” en juego. Además, como si fuera poco, siendo cada vez más alta la posibilidad de una reelección presidencial y teniendo Santos  índices de aprobación tan altos, la posibilidad real de ‘rebeliones’ parlamentarias en el corto plazo no es muy amplia.