Tras los supuestos atrasos y trabas en la aplicación de la Ley de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras presentó un balance de los resultados de su trabajo desde marzo pasado, cuando recibió los recursos para su operación.
El organismo previsto en la ley para recepcionar y prestar un acompañamiento a las personas que reclamen tierras despojadas a la fuerza o por medios fraudulentos por los grupos armados al margen de la ley, señaló que hace presencia en 15 departamentos con 16 oficinas en funcionamiento, en las que se reciben reclamaciones de todo el país.
“En solo 5 meses la Unidad de Restitución de Tierras nombró gran parte de su recurso humano, en un tema en el que es necesario capacitar a los funcionarios dada la necesidad de especialización en la materia”, indica el organismo.
Explicó que a 23 de agosto han recibido 19.579 solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, que comprenden 17.483 predios (1’514.080.59has) asociados a 14.847 personas (14.818 personas naturales y 29 personas jurídicas).
De las reclamaciones 10.947 informaron haber dejado su predio abandonado a causa del desplazamiento forzado, 6.136 denunciaron la pérdida de su predio por abandono forzado y despojo, 1.310 reportaron haber sido víctimas del despojo de su tierra y 1.186 casos no suministraron información sobre la forma de pérdida de su predio. 37% corresponden a peticiones realizadas por mujeres y 63% a hombres. Las anteriores reclamaciones se ubican en 757 municipios de 32 departamentos.
Se han definido 27 zonas donde se adelantan 1.586 procesos de restitución de tierras, según el procedimiento establecido en el Decreto 4829 de 2011. Es decir que en solo 5 meses se iniciaron procesos que representan 8% de los casos reclamados atendiendo el debido proceso, indicó el organismo.
Hasta el momento han sido nombrados 23 jueces y 15 magistrados, que recibieron capacitación especializada para atender únicamente los procesos de Restitución de Tierras. A la fecha, la Unidad ha entregado el primer centenar de demandas a jueces, quienes antes de terminar el 2012 darán a conocer los fallos a favor de las víctimas de la violencia.