“una de las grandes víctimas del robo de tierra ha sido el Estado y es precisamente porque ninguna entidad tiene el registro ni la historia jurídica de estos predios”, afirmó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, al aplaudir el avance del estatuto registral en el Congreso.
Precisamente, sostuvo Vélez, uno de los puntos más importantes del proyecto es el que permite el registro de los baldíos.
El martes, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la iniciativa por medio de la cual se expide un nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos en el país.
Se trata del proyecto de ley número 242 de 2011 Senado, “por el cual se expide el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones”, que fue radicado a nombre del Gobierno por el ministro del Interior, Germán Vargas, y que tuvo como ponentes a los senadores Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Hernán Andrade, del Partido Conservador; Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal; Hemel Hurtado, del Partido de Integración Nacional (PIN); y Jorge Eduardo Londoño, del Partido Verde.
La iniciativa pasó a la Cámara para que se le de tercer y cuarto debates.
El superintendente Vélez destacó el trabajo del Congreso y anunció que con esta decisión se avanza positivamente hacia la sistematización de las oficinas de registro.
El funcionario dio a conocer que también se va a tener un registro móvil que permitirá hacer presencia en las zonas de difícil acceso para que los campesinos inscriban sus títulos y se conviertan en verdaderos propietarios de las tierras que habitan.
En términos generales, a la luz del articulado que se tramita en el Congreso, el proyecto busca establecer medidas para modernizar el manejo de la propiedad inmueble en Colombia.
La iniciativa se busca que el pago de servicios y la radicación de documentos se realice a través de medios electrónicos y en Notarías, Despachos Judiciales y otras entidades; establece el mecanismo de Registro Móvil que determina que la Superintendencia se trasladará, de manera ambulante, a los lugares más apartados de Colombia en donde hoy no existe una oferta presencial del servicio; así mismo, propone la creación de una Carrera Registral en donde los méritos profesionales y académicos sean el factor preponderante para el nombramiento de los Registradores de los Instrumentos Públicos.
También, una vez sea aprobada la ley, le permitirá a la Superintendencia convocar a concurso a los 192 registradores de instrumentos públicos del país; conformar cinco círculos registrales regionales (Caribe, Pacífico, Andino, Central y  Orinoquía–Amazonía), organización que permitirá un mejor control de las oficinas de registro y la movilidad del personal dentro del mismo círculo.
Además, amplía las funciones de inspección, vigilancia y control y se faculta a la Superintendencia de Notariado y Registro para hacer intervenciones de oficinas de registro de  instrumentos públicos y designar un interventor que asuma las funciones de registrador durante el tiempo que dure la intervención.
Baldíos
Con relación a los baldíos, el proyecto establece un mecanismo novedoso de apertura de folios de matrícula inmobiliaria, abriéndoles folios de matrícula en los que aparecerá como única propietaria la Nación.
Así, según se consignó en la exposición de motivos del proyecto, “los baldíos adjudicables ingresarán a un Sistema de Registro Inmobiliario, en donde el propietario inscrito será la Nación. Con esto se pretende dificultar el despojo de que ha sido víctima la Nación en los últimos años, en donde se abrieron folios de matrícula a particulares sobre terrenos baldíos de propiedad de la Nación”.
“El simple hecho de que la Nación en cabeza del Incoder tenga en el futuro registrados a su nombre la totalidad de los predios baldíos que serán objeto de posibles y posteriores adjudicaciones o trámites pertinentes a su competencia, permitirá que dicha Entidad cumpla a cabalidad con la misión asignada y se propugne por la formalización de la tierra, la cual hoy está siendo objeto de apropiación indebida, en la medida e n que los particulares sin ningún tipo de acto administrativo se están apoderando de ellas con anotaciones de propiedad en folios apócrifos de registro con la complicidad de algunos funcionarios de las Oficinas de Registro”, precisó el proyecto.
Por esto, consideró el Gobierno en este proyecto, “es indispensable y prioritario que se tenga un inventario de los bienes baldíos para determinar la adjudicación de los mismos y con ello dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales que hoy por hoy se ven frustrados por la no identificación catastral y registral de los predios rurales baldíos, cuyo dominio por voluntad de la ley es de la Nación y hacen parte del patrimonio del Incoder, motivo por el cual se propone una normatividad que regule la apertura de matrícula inmobiliaria a los predios baldíos de la Nación, desde el mismo momento de su identificación y no con posterioridad a su adjudicación. Es importante que el Estado tenga sus folios de matrícula inmobiliaria al día y previo a cualquier acto de adjudicación”.