Por Carlos Osorio

En una bomba de tiempo que amenaza con explotar por una mezcla de descontento laboral, intereses políticos y sindicales, y la difícil situación económica y social de la mayoría de sus pobladores amenaza con convertirse la bonanza petrolera que se registra en una amplia región del este del país.

"Esto es una bomba de tiempo y desde hace tiempo he advertido que se deben asumir los problemas y darles respuestas", dijo Natalia Leyva, candidata a la alcaldía de Puerto Gaitán (Meta), en cuya jurisdicción se encuentran campos petroleros que producen el 25% del total de crudo del país.
La mecha comenzó a prenderse a mediados de este año por las protestas, en julio, de trabajadores de la petrolera Pacific Rubiales, con sede en Canadá, para exigir mejores condiciones salariales y sociales.
Pacific Rubiales, que acaba de anunciar que sus reservas netas alcanzan en los llanos orientales de Colombia 350 millones de barriles de petróleo equivalente, tuvo utilidades operacionales por 123,97 millones de dólares en el primer trimestre de este año.
La protesta cesó con la conformación de mesas de trabajo en Bogotá y Puerto Gaitán (310 km al este de Bogotá), en cuya jurisdicción se encuentran los campos Rubiales y Quifa, con unos 12.000 trabajadores, la mayoría de empresas contratistas de Pacific.
Rubiales y Quifa, operados por Pacific en asocio con la estatal Ecopetrol, producen 230.000 barriles de crudo por día (bpd).
Los levantamientos obreros regresaron en septiembre. A los trabajadores se unieron las comunidades de Puerto Gaitán y Barranca de Upia.
Mientras que los trabajadores exigían la equiparación del salario mínimo (600.000 pesos mensuales, unos 324 dólares) al de Ecopetrol (1.070.000 pesos, unos 578 dólares) y mejores condiciones de vida en el campamento, especialmente de vivienda, los pobladores pedían que la mano de obra no calificada fuera contratada en la región y no en otras zonas del país.
El 30 de septiembre Pacific anunció un acuerdo con las comunidades que obliga a contratar la mano de obra en la zona, además de entregar alrededor de un millón de dólares para la adecuación del hospital de Puerto Gaitán y un terreno para la construcción de 3.000 viviendas de bajo costo.
La petrolera también informó sobre un acuerdo con sus trabajadores para un incremento del salario mínimo a 1.070.000 pesos mensuales.
Paralelamente comenzó a desmontar las inmensas carpas en las que convivían entre 100 y 150 obreros en difíciles condiciones sanitarias, para ubicar alojamientos destinados como máximo a cuatro personas.
Sin embargo, el otrora poderoso sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que aglutina a trabajadores petroleros y participa en las mesas de concertación salarial en Bogotá, desconoció los acuerdos argumentando que fueron pactados directamente entre Pacific y sus trabajadores, sin tener en cuenta a esa organización.
En diálogo con AFP, el presidente de la USO en el Meta, Henry Jara, dijo que "el temor es que terminen pactando una convención que desconozca una posibilidad de negociación. (Pacific) no ha firmado el primer acuerdo de salarios con la USO".
"La empresa ha venido dilatando las negociaciones queriendo convencer a la comunidad con algunos avances. Y son avances porque si ofrecen aumentar de 600.000 a 1.070.000 pesos el salario, eso para la comunidad es una ganacia, pero para nosotros no lo es", declaró Jara.
En Colombia, el salario mínimo legal vigente es de 550.000 pesos (289,5 dólares).
Varios obreros en Rubiales consultados por AFP reconocieron que reciben salarios que van hasta los 2,4 millones de pesos (1.400 dólares) mensuales. Además la empresa les suministra comida gratuita y vivienda durante los 21 días que laboran en el campo.
"Nosotros estamos bien. Aquí se come bien, la comida es buena igual que el alojamiento. Yo me gano entre dos millones y 2,4 millones de pesos", precisó un trabajador no calificado que pidió reserva de su nombre.
Pero los acuerdos alcanzados solo alivian algunos de los tantos problemas que padece la región, que solo en Puerto Gaitán y su área rural pasó de una población de 7.000 habitantes hace tres años a 30.000 actualmente.
A pesar de que en 2010 ese municipio recibió 96.000 millones de pesos (53 millones de dólares) producto de regalías del petróleo, y en los próximos cuatro años obtendrá 233 millones más, el 44% de la población sigue viviendo en la pobreza, una gran mayoría carece de empleo, servicios públicos básicos y vivienda digna.
/AFP