Hay que recordar que fue el magistrado Néstor Raúl Correa quien primero destapó las ollas podridas de la Judicatura. Primero se enfrentó durante seis meses con el temible José Alfredo Escobar, el de los botines made in George Sale. Allí Correa pidió que Escobar renunciara a la presidencia de la Sala Administrativa, porque era “impresentable”. Cuando se fue Escobar, el 2 de diciembre, Correa se enfrentó a la corriente mayoritaria de la Sala Disciplinaria, encabezada por Henry Villarraga, hoy envuelto en los escándalos del carrusel de pensiones y de las presuntas actas falsificadas.

Los decretos de Escobar. La disputa, entonces, se precipitó porque Correa suprimió en su primer día como presidente de la Sala Administrativa los decretos que Escobar había expedido para que la Sala Disciplinaria pudiera nombrar en Bogotá 71 cargos en provisionalidad, o sea a físico dedo. Fue el mismo Correa quien llegó a sugerir que el día de la Justicia debía trasladarse de fecha y ser anticipado para el dos de diciembre para que coincidiera con el aniversario del "otro Escobar" (el día clásico de la Justicia en Colombia se celebra tradicionalmente el 17 de diciembre).

El carrusel pensional. En enero de este año Correa arremetió contra el carrusel de pensiones y apoyó en solitario la valiente labor de la contralora Sandra Morelli Rico. Por esas afirmaciones, en la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, ya en este año, a Correa se le vinieron encima Villarraga y Julia Emma Garzón. Correa lleva un año en el cargo, soportando chaparrones, pero los últimos acontecimientos le están dando la razón de manera progresiva.

La acción de cumplimiento. Pocos saben que Asonal Judicial presentó una acción de cumplimiento contra la Sala Disciplinaria para que respetara la Carrera Judicial y llenara las vacantes con los candidatos de la lista de elegibles, mas no “a dedo”. Curiosamente el magistrado Néstor Raúl Correa intervino este año en esa acción, como ciudadano, para apoyar a Asonal y pedir que se condenara a la Sala Disciplinaria. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en valiente decisión, concedió la razón a los demandantes y le ordenó a la Sala Disciplinaria respetar la Carrera Judicial.

Una actuación vital. Cuando el Gobierno central tenía ya casi en el olvido el cierre del “Conejo superior de la jubilatura”, aparece providencialmente el fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, quien plantea el tema de las actas adulteradas por los vigilantes de la justicia en Colombia. Como quien dice, se corrompió la sal. El 28 de abril se alertó sobre la adulteración de unas actas en la Sala Disciplinaria, hecho notorio divulgado por los entes de control, así como los nombramientos irregulares de los magistrados Teresa Isabel Tovar, Amparo Malagón, Donaldo Rafael Mendoza, Víctor Arturo Polo, Maria del Socorro Jiménez Causil y Claudia García Leyva. Estos episodios fueron los que desgajaron esa controvertida Rama de la Justicia.