Se prevé que el nuevo Congreso deberá tramitar una serie de reformas, algunas pendientes, otras fallidas en el pasado cuatrienio y otras a medio camino.

Sin embargo, el principal motor de las reformas que evacuarán los legisladores que se escojan el próximo domingo será el de dotar de instrumentos jurídicos al posconflicto, al calor de los acuerdos que se concreten con las Farc en La Habana.

Educación

Ya el Gobierno nacional está socializando la nueva política de educación superior que definirá los lineamientos para reformar la educación en Colombia.

En esta reforma estarán definidos los lineamientos de la educación para los próximos 20 años. Para tener claro cómo aumentar la calidad, la tecnología, la ciencia y la innovación, la estampilla de la Universidad Nacional, aprobada por el Congreso, aportará cinco billones de pesos adicionales al presupuesto de la educación pública y mejorará la infraestructura de todos los planteles educativos en especial la de la Universidad Nacional.

Se han acopiado más de 444 documentos, propuestas, recomendaciones y estudios alrededor de lo que debe ser la educación superior. Todo se ha hecho desde el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que el año pasado lideró cinco diálogos: en la costa Caribe, la región Oriental, el Pacífico, el Eje Cafetero y el sur del país. En desarrollo de ese compromiso, el CESU desarrolló en los últimos dos años más de 140 talleres, foros y distintos escenarios en las regiones de Colombia, para oír sus propuestas, comentarios y recomendaciones, y “de esa manera, desde la región, poder construir esa política pública de educación nacional”.

Fuero militar

El Gobierno presentará un nuevo proyecto ante el Congreso para crear un fondo económico para la defensa de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía que están siendo investigados por actos durante el servicio y un sistema de defensa especializado para ellos.

El texto de la reforma le atribuiría a la Justicia Penal Militar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son las normas internacionales que regulan la guerra, y dejaba en manos del sistema ordinario los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento. Hay que destacar que la unidad administrativa especial de justicia, encargada de manejar la nueva justicia penal militar, ya no tendrá en su consejo directivo al comandante de las Fuerzas Militares, ni al Director General de la Policía, lo que garantiza autonomía.

Código Minero

El Gobierno debe llevar al Congreso el proyecto de ley para establecer un nuevo Código Minero. Pese al plazo de dos años que diera la Corte Constitucional en mayo de 2011, cuando declaró inexequible el anterior Código Minero por errores en la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes, la iniciativa no pudo llegar al Congreso el año pasado, precisamente, porque no se culminó el proceso de consenso con esas minorías étnicas y culturales.

Por el momento no está claro que el ministro de Minas, Amylkar Acosta, lleve el proyecto al Congreso este mes o la tarea le quede al próximo gobierno.

Uno de los pasos que dará el Ejecutivo será la aprobación de un Conpes minero que avanzará desde mayo para establecer una política para la extracción.

Reforma política

El proyecto está listo para presentarlo a los nuevos senadores el 20 de julio. La idea es eliminar la figura de la reelección presidencial y alargar a 5 o 6 años el periodo del presidente, así como acabar la figura del vicepresidente y volver a la del designado.

Generar cambios más profundos  en el sistema electoral sería el cambio en la elección del Senado desechando la circunscripción nacional  e instaurando un sistema mixto que permita abaratar las campañas. 

Se pretende eliminar el voto preferente para mejorar el sistema político, hay que pensar en eliminar la circunscripción nacional del Senado y una iniciativa que también es fundamental es acabar con este adefesio que se inventaron hace unos años de la reelección presidencial y mejor ampliar el periodo en 5 o 6 años. No se descarta modificar la figura del vicepresidente de la República y otras especificaciones para definir el umbral electoral, que ha puesto en riesgo la supervivencia de varios movimientos políticos.

Justicia

El Gobierno presentará el proyecto de reforma a la justicia ante el Congreso.

Algunos plantean una reforma a la Procuraduría que debe ir ligada a la reforma a la justicia.

Se conoce que esta iniciativa parte de la base de la nueva reforma que se podría dar con varias de las propuestas que se dieron en la reforma constitucional a la justicia que se hundió en junio de 2012.

El juzgamiento de los aforados, es decir, los funcionarios que tienen un nivel de fuero, se debería retomar lo planteado en la reforma pasada. 

Corporaciones autónomas

Será una reforma a través de un proyecto de ley que será presentado al Congreso en la legislatura que se reinicia el 16 de marzo.

Lo que se quiere es modificar las 33 corporaciones autónomas regionales del país, para procurar que su gestión se concentre en la defensa de las cuencas hidrográficas, es decir, del recurso hídrico, que fue el fundamento de su creación.