Todo parece indicar que finalizará este año sin que la justicia defina la situación jurídica de varios funcionarios de la administración Uribe, vinculados por el presunto ofrecimiento de dádivas a congresistas en 2004 para que fuera aprobada una reforma que implantó la reelección presidencial inmediata, caso conocido como la Yidispolítica.

Ayer en la Corte Suprema de Justicia arrancó la audiencia preparatoria del juicio contra el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt; el ex ministro de la Protección Social, Diego Palacio; y el exsecretario General de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez, quienes son acusados del delito de de cohecho por dar u ofrecer.

El proceso contra estos tres exfuncionarios quedó en firme luego de que la Corte Suprema negara las solicitudes de nulidad que habían presentados sus abogados defensores.

Teniendo en cuenta que la audiencia preparatoria del juicio además de definir las nulidades, sirve para ordenar la práctica de pruebas, el alto Tribunal determinó llamar a ampliar la declaración sobre este caso a la exrepresentante a la Cámara por el departamento de Santander, Yidis Medina, quien fue la persona que destapó este escándalo en 2008 al autoincriminarse señalando que el gobierno de Uribe Vélez le había ofrecido dádivas para que votara a favor del proyecto de la reelección; el superintendente de Notariado, Manuel Cuello Baute, y el exmagistrado, Carlos Gaviria Díaz.

Además, la Corte Suprema ordenó escuchar a Constanza Castro, nuera del exrepresentante a la Cámara por el Valle, Teodolindo Avendaño, quien al igual que Yidis Medina fue condenado por recibir dádivas a cambio de su voto. También se escuchará en esta etapa del juicio al exviceprocurador Carlos Arturo Gómez.

En tanto que durante la audiencia de ayer el fiscal Delegado ante la Corte Suprema, Álvaro Osorio, indicó que la abogada Ximena Peña, quien defiende en esta caso a Sabas Pretelt, está siendo investigada también por la Yidispolítica, por lo que previno que se estaría presentando un conflicto de intereses. “Hay una triple condición que puede estar dentro de un conflicto de intereses, es defensora aquí, imputada en otro caso y pretende ser testigo en esta actuación”, dijo.

El Fiscal Delegado explicó que la Fiscalía 23 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá abrió el pasado 29 de julio una investigación contra la abogada Peña.

Frente a estas revelaciones el exministro Pretelt dijo que “esto no puede seguir pasando, no conocíamos de estas circunstancias. No sabía, yo nunca supe de esa resolución, nunca fui notificado de distintos aspectos de la Fiscalía”.

En consecuencia, solo hasta el próximo año la Corte Suprema de Justicia definirá la suerte de los dos exministros y el exsecretario general de Presidencia implicados en el escándalo de la Yidispolítica, teniendo en cuenta que la práctica de pruebas y los testimonios ordenados por la Corte Suprema tendrán que esperar a que se desarrolle la vacancia judicial, la cual arranca el próximo 17 de diciembre y se extiende hasta el 10 de enero, periodo durante el cual la rama queda semiparalizada pues salen a vacaciones los juzgados administrativos, laborales, los civiles municipales y del circuito, penales del circuito, los Tribunales Superiores y Administrativos, los Consejos Seccionales y de la Judicatura, en sus salas disciplinarias, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

Solo en una vía

El delito de cohecho implica que si un funcionario recibió dádivas para cumplir sus funciones o dejar de hacerlo, pues igualmente alguien le ofreció esos beneficios.

Sin embargo para el caso de la Yidispolítica, hasta el momento solamente han sido condenados los excongresistas que recibieron dádivas para impulsar la aprobación de la reforma constitucional que implantó la reelección presidencial inmediata y que finalmente terminó favoreciendo a Uribe Vélez.

Ellos son la exrepresentante Yidis Medina, quien se acogió a sentencia anticipada y confesó que sí recibió prebendas y acusó a Pretelt y Palacio de ofrecer prebendas a congresistas para lograr la aprobación de dicho proyecto, por lo que fue condenada por la Corte Suprema a tres años y medio de prisión por el delito de cohecho propio.

En tanto que la Corte Suprema de Justicia condenó al ex congresista Iván Díaz Mateus a seis años de prisión por haber presionado a Yidis Medina para que votara a favor del proyecto de enmienda constitucional.

Díaz ocupó un escaño en la Cámara de Representantes de 2002 a 2006 y por la época de gestión del proyecto de reforma constitucional cedió el lugar a Medina.

Igualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 8 años de prisión por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito al ex representante Teodolindo Avendaño, vinculado al proceso por el testimonio de Yidis Medina, quien aseguró que el entonces Representante fue beneficiado con la entrega de la Notaría 67 de Bogotá para que se ausentara el día de la votación del proyecto reeleccionista. La Corte concluyó que Avendaño no aceptó la Notaría en mención, pero finalmente le entregaron 450 millones de pesos.

En tanto que la investigación penal contra los tres exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe ha estado plagada de tropiezos.

Pretelt y Palacio son relacionados en el escrito de acusación de la Fiscalía como los actores principales en ofrecer dádivas a los entonces parlamentarios Medina y Avendaño; mientras que el entonces secretario de Presidencia, Alberto Velásquez, se le acusa de ofrecer dádivas a Medina.

La investigación arrancó en el año 2008 en la Fiscalía, sin embargo el entonces titular Mario Iguarán se declaró impedido de adelantarla porque había sido viceministro de Pretelt. En consecuencia, el proceso fue asumido por el vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien los llamó a indagatoria.

En mayo del año 2010, el entonces vicefiscal Fernando Pareja llamó a juicio a los exfuncionarios, lo que obligó a que Pretelt dejara el cargo de embajador en Italia. No obstante, la Corte Suprema anuló en julio de 2011 todo lo actuado, atendiendo una petición de la defensa del exministro, que argumentaba que la decisión de llamarlo a juicio le correspondía al Fiscal General y no al vicefiscal, porque su defendido estaba aforado por el cargo que desempeñó.

Pero a finales del año anterior, el Congreso aprobó una reforma constitucional que ahora permite al Fiscal General delegar procesos. En consecuencia, la entonces fiscal Viviane Morales le pasó el expediente a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien en marzo pasado llamó nuevamente a juicio a Pretelt, Palacio y Velásquez.

Expresidente Uribe

Sin mayores avances se encuentra el proceso que abrió la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la Yidispolítica.

Actualmente en esta célula legislativa está pendiente de resolver una recusación que presentó Jaime Lombana, abogado defensor de Uribe, contra el parlamentario investigador Yahir Acuña.

El pasado 20 de noviembre fue suspendida una audiencia en el proceso contra Uribe en la Comisión de Investigación, después de que Lombana pidió recusar a Acuña Cardales, debido éste no contestó un proceso abierto por la Procuraduría el 1 de noviembre de 2012 relacionado a con la Yidispolítica.

Lombana le dijo a Acuña que: “Para esa fecha la procuradora Sonia Patricia Sierra Román le explica algo que usted (Acuña) conoce, y es que existe una investigación a la presente por los mismos hechos, las mismas circunstancias, el mismo injusto típico, y frente al mismo eventual autor que este radicado que lleva la comisión”.

El jurista también pidió la nulidad del proceso y solicitó que la Procuraduría investigue a Acuña por no haber respondido al oficio del Ministerio Público, “desconociendo sus funciones constitucionales” y le dijo al investigador: “En su comportamiento no se ve un juez garantista e imparcial dentro de este caso”.

A su turno, Acuña desmintió al jurista defensor de Uribe y dio a conocer un documento con su respuesta a la procuradora Sierra, desencadenando una acalorada discusión entre las partes.