El debate por el cambio del sistema para la recolección de 7.200 toneladas de basuras que produce a diario la ciudad no para.

La Corporación AutónomaRegional de Cundinamarca (CAR) negó una solicitud para ampliar el relleno Doña Juana. Un debate de control político en el Concejo de Bogotá quedó frustrado. Hoy se cierra la licitación para la compra de automotores de aseo. Los actuales operadores anuncian que se revelarán. Esos son algunos matices.

Ayer en la mañana el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, informó que con base en estudios técnicos y el análisis de los antecedentes jurídicos, negó la solicitud de corrección de polígono para el botadero Doña Juana, presentada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

“Es urgente que la Uaesp adelante las gestiones para la modificación de  la licencia ambiental  o la ubicación de un sitio para la disposición de las basuras, teniendo en cuenta que dentro de un año estaríamos frente a la posibilidad de una emergencia sanitaria para la ciudad”, dijo el funcionario.

La decisión de negación se adoptó luego de verificar que el polígono  aprobado mediante resolución anterior 2211 del  22 de octubre de 2008, cuya corrección se solicitaba,  corresponde al mismo presentado por la Uaesp por lo que no se encuentra procedente corregir  las coordenadas ya autorizadas.

“Con el actual polígono  y de acuerdo con las proyecciones de los volúmenes que recibe el relleno, al sitio  le quedaría un año de capacidad para recibir  basuras” indicó Ballesteros.

Igualmente la decisión señala que la licencia ambiental vigente,  otorgada por la CAR desde el año 2008, modificatoria del 2000 se otorgó únicamente para la disposición de residuos sólidos urbanos generados por la ciudad de Bogotá y los municipios  que tengan convenio con la Uaesp por lo cual no se podrán disponer  residuos de tipo líquido, escombros o residuos peligrosos de cualquier característica pues estas  actividades  reducirían aún más la capacidad del botadero Doña Juana.

“Actualmente lo que hemos encontrado es que se ha permitido la disposición de escombros, que en una ciudad como Bogotá son toneladas y esto ha agotado la capacidad en el relleno sanitario, por lo que la  alerta que hacemos al Distrito es para que agilice el tema y poder nosotros tener tiempo suficiente y poder priorizar cualquier requerimiento de licencia ambiental en nuevos sitios o en Doña Juana siempre y cuando se observe la normativa ambiental”, agregó Ballesteros, quien sostuvo que los procesos para disponer basuras en nuevos sitios son complejos por la resistencia de las comunidades vecinas a estos lugares, lo que implica un trabajo social que lleva tiempo.

Finalmente, esta decisión evidencia la necesidad para que el Distrito Capital adelante las gestiones para ubicar sitios destinados a la disposición de basuras, así como el previo otorgamiento de los permisos ambientales de acuerdo con la normativa existente.

La autoridad ambiental señala que ante la presente providencia no procede recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, en armonía con  lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

A la misma hora en el Concejo de Bogotá un debate de control político a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) quedó frustrado después que el gerente Diego Bravo y el concejal Antonio Sanguino se entrelazaran en intercambio de opiniones sobre el nuevo sistema de aseo. Aunque el presidente de la Comisión, Jorge Durán cerró los micrófonos, ambos personajes siguieron en la discusión hasta que dijo “se levanta la sesión por falta de garantías”.

Entre tanto, el vocero de los operadores de aseo Armando Gutiérrez dijo que el decreto es una medida que atenta contra la libre competencia e impide a los usuarios la escogencia del prestador de servicio de aseo. “El Distrito está imponiendo un prestador único al usuario a unos costos no revelados, que debieron ser publicados un mes antes del inicio del nuevo esquema de aseo”.

El representante dijo que los cuatro operadores tienen disposición para prestar el servicio porque poseen los vehículos, el capital humano, el capital profesional, la logística para garantizar una salubridad pública adecuada por vía de recolección de residuos. “Si no lo impiden, pues estaremos obligados a ello. El derecho lo tenemos desde el punto de vista legal pero hay una decisión local que no lo impide al cerrar el relleno sanitario”, comentó.