Tras un arranque accidentado, la entidad empezó a mostrar un papel más activo e inquisitivo, sobre todo en casos de corrupción insignia como el de los Nule. Cifras, críticas y análisis.

 “Tiene madera, da madera y recibe madera”. Con esas palabras un alto funcionario de la Contraloría General describe lo que ha sido este primer año de Sandra Morelli al frente del ente de control fiscal.

Y es que desde el 29 de agosto de 2010, cuando se posesionó ante el presidente Santos, son muchas las expectativas que han creado, no sólo porque es la primera vez en la historia que una mujer está al frente de la Contraloría, sino porque su hoja de vida es sencillamente impresionante.

¿Qué ha pasado en estos doce meses? Los balances de gestión, como se sabe, suelen tener diferentes conclusiones, según quien los haga y los intereses particulares que se manejen.

Quienes defienden la labor de Morelli advierten que su principal logro ha sido sacudir a la Contraloría y volverla a poner en el radar del país, bajo la tesis de que en el periodo de su antecesor Julio César Turbay, el papel de la entidad fue muy pasivo, no sólo porque se trataba de un típico dirigente político que provenía de la coalición que apoyaba al gobierno de entonces, sino por la gran cantidad de escándalos de corrupción que sólo se vinieron a destapar en los últimos meses, pese a que todos ocurrieron en la anterior Administración.

Además, no se puede olvidar que el arranque de Morelli no fue fácil, ya que ante el alud de denuncias de anomalías en algunas investigaciones fiscales y el descubrimiento de una millonaria nómina paralela durante el periodo de Turbay, lo primero que tuvo que hacer ella fue dedicarse a ordenar la casa, revisar con lupa cada actuación y remitir a los organismos jurisdiccionales los casos sospechosos que fueron detectando.

En medio de esa tarea se generó una polémica con el propio Turbay y hasta se habló de ‘guerra sucia’ entre la anterior y la entrante Administración, al tiempo que se generaron roces con el sindicato y hasta circularon consejas y chismes íntimos contra la funcionaria, ninguno comprobado.

Cifras a la mano

Superada esa primera etapa, la gestión de la Contraloría empezó a consolidarse mes tras mes. El balance sostiene que entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de julio pasado emitió 141 funciones de advertencia por $559.362 millones, en temas relacionados con la contratación de obra física y de prestación de servicios, multiafiliaciones y afiliaciones irregulares al régimen subsidiado de salud, impacto ambiental, construcción de vivienda de interés social, gestión tributaria y cobro de cartera, entre otros. 

En cuanto a los beneficios por el control fiscal, estos se calculan cercanos a 200 mil millones, por concepto de recuperaciones y ahorros, control persuasivo y recaudo coactivo.

Según el ente de control, la estimación de estas funciones de advertencia es compleja, ya que “los recursos en riesgo son cuantiosos, del orden de billones de pesos, como en el caso de los destinados a la salud”. 

Igual se le abona a Morelli la forma en que ha impulsado procesos e investigaciones fiscales en casos emblemáticos como el escándalo del grupo Nule; los riesgosos préstamos bancarios al sector floricultor; el tatequieto al uso indiscriminado en gobernaciones y alcaldías de las vigencias presupuestales futuras; mayor fiscalización de las regalías, concesiones mineras y construcción de obras de infraestructura; alertas tempranas por riesgos en el sistema de contratación; lupa a manejo de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes… 

En cuanto a emergencias como la invernal y los cuantiosos recursos para atenderla, la Contraloría indica que ya van 41 funciones de advertencia por valor de $150.000 millones. De igual manera, abrieron 20 procesos de responsabilidad fiscal por presuntos daños al patrimonio público en la compra de los kits de alimentación y en relación con recursos destinados a obras menores. También hicieron 35 traslados a la Procuraduría con presunta incidencia disciplinaria y 15 traslados a la Fiscalía con presunta incidencia penal.

Pero…

En la otra orilla están quienes afirman que, si bien es cierto que hoy se nota un ente de control fiscal más activo e inquisitivo, por lo general la Contraloría pareciera ir un paso atrás y siempre actúa a reacción de lo que hacen la fiscal Vivianne Morales y el procurador Alejandro Ordóñez.

Por igual, se le reprocha a la actual Contralora que no ha podido aterrizar una reforma agresiva al sistema de control fiscal, sobre todo a nivel regional y local, pues es allí en donde están concentrados los mayores focos de corrupción y desgreño del erario.

La eterna propuesta de acabar con las Contralorías Departamentales sigue en el limbo, así como los señalamientos de burocratización y clientelismo en estos entes de control, sin desconocer que esta misma crítica se puede aplicar en el caso de la Procuraduría y otras instituciones del orden nacional con ramificación regional.

Otro de los cuestionamientos a la gestión de Morelli, que en realidad es común a los titulares de la entidad en las últimas dos décadas, es que el nivel de recuperación de recursos estatales a través de los procesos de repetición y responsabilidad fiscal es muy bajo frente al tamaño de los desfalcos y condenas a la Nación por actuación anómala de sus funcionarios.

También se afirma que la Contraloría pudo ser más activa en materia de la vigilancia más temprana para detectar escándalos como los del carrusel en el sistema de salud, el desorden en los títulos mineros o los desfalcos a la DIAN con las exportaciones ficticias.

Como se ve, la gestión de Morelli ha tenido muchas altas y algunas bajas. Incluso algunas de las críticas a su gestión han sido las mismas que en su momento se hicieron a sus antecesores, pues no dependen de una decisión directa de la funcionaria, sino de fallas estructurales de todo el sistema de vigilancia penal, disciplinaria y fiscal transversal en un Estado que sigue atacado por distintos flancos por la corrupción y la ineficiencia funcional.

Sin embargo, por encima de todo ello se puede afirmar que el país siente que la Contraloría está hoy en el mismo estatus de la Fiscalía y la Procuraduría, y que la impronta de sus respectivos directores transmite la seguridad de que no darán su brazo a torcer para acabar con el cáncer de la corrupción que, pese a todo, se quiere entronizar en el manejo de lo público.