Ante las debilidades evidenciadas en la gestión de las entidades territoriales respecto de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el procurador Alejandro Ordóñez ha advertido que el Ministerio Público iniciará las actuaciones que sean pertinentes para establecer las posibles responsabilidades disciplinarias de alcaldes y gobernadores en esta materia.

Ordóñez, en el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo entregado ayer al Congreso, advierte que la citada norma se implementa fundamentalmente en los territorios, por lo que es preocupante el reiterado desconocimiento por parte de los respectivos alcaldes y gobernadores, así como de los representantes de las mesas de participación de víctimas del nivel territorial.

La Comisión pudo evidenciar directamente en las regiones esta y las demás situaciones que se plasman en el informe, pues procurando una distribución geográfica proporcional en lugares con alta cantidad de población víctima y en zonas de alto riesgo de nuevas victimizaciones, fueron seleccionadas seis regiones para hacer visitas de seguimiento durante el primer semestre de 2014.

En el informe se reconoce que el Gobierno nacional ha realizado esfuerzos técnicos y presupuestales para fortalecer la capacidad institucional de los entes territoriales. Sin embargo, es evidente el bajo compromiso y la falta de voluntad política de algunas autoridades locales en relación con la implementación de la ley.