Por fuera del consenso notificado quedó el tema del órgano de cierre en materia de tutela contra sentencia judicial, que hasta el momento mantenía en orillas distintas al Gobierno y a las altas Cortes, fue dejado por fuera del articulado de la iniciativa, para posibilitar el trámite de la ponencia única que condensa los acuerdos logrados.
Al respecto, el Gobierno ha propuesto que sea la Corte Constitucional la que pueda revisar la impugnación de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entre tanto, la iniciativa radicada por este último alto tribunal, plantea que sea cada corte el órgano de cierre de su respectiva jurisdicción.
No obstante, varios senadores lanzaron algunas propuestas para destrabar este aspecto. El senador conservador Hernán Andrade planteó dejar el sistema como actualmente está, pues señaló que las mismas cortes han ido regulando sus reglamentos internos para evitar los choques de trenes que ha generado la tutela contra fallo judicial.
De otro lado, el senador Roy Barreras, de La U, propuso algunos filtros para la revisión de esa clase de tutelas, como que sólo pueda avocar su conocimiento la sala plena de la Corte Constitucional.
Consensos
Entre los temas que se lograron consensos entre senadores ponentes, magistrados y Gobierno, está el que las altas Cortes mantengan sus funciones nominadoras en la elección tanto del Contralor como del Procurador General. El proyecto gubernamental buscaba quitar esas competencias.
Asimismo, hubo acuerdo general en que las altas cortes se disciplinen entre ellas, tal como lo propuso el Gobierno en su iniciativa.
En uno de los temas más controversiales, el de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, según el proyecto gubernamental, hubo también un consenso entre los ponentes en mantener la corporación en su Sala Disciplinaria, pero modificando su Sala Administrativa, tal como está consignado en la propuesta hecha por el Consejo de Estado, donde los integrantes de la misma serán los presidentes de las altas Cortes con un funcionario designado por cada uno de ellos, preferentemente con perfiles administrativos y gerenciales.
Sin embargo, en este aspecto, algunos senadores como Andrade propusieron que se mantuviera a la Judicatura tal como está, con sus dos salas.
Otro tema que generó consenso fue el de la doble instancia en los procesos contra los congresistas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá dos subsalas integrada cada una por tres nuevos magistrados, una de las cuales se encargará de la investigación de los aforados, la otra de la primera instancia y los nueve magistrados actuales de la Sala de Casación Penal, serán la segunda.
Uno de los aspectos en los que hubo mayores consensos fue el propuesto por el Consejo de Estado, de elevar a mandato constitucional los derechos de los consumidores.
De igual manera, la totalidad de los senadores miembros de la Comisión Primera se mostraron de acuerdo con incrementar la participación del poder judicial del presupuesto general de la nación. En la ponencia se incluyó aumentar del dos al tres por ciento, aunque varios legisladores se mostraron de acuerdo con incrementarlo aún más.
También no tuvo mayores contratiempos la propuesta de eliminar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En su lugar se creará una comisión adscrita a esa corporación legislativa, pero con miembros que tendrán calidad de magistrados. No se tuvo en cuenta la propuesta hecha por el senador de La U, Manuel Enríquez, de crear la comisión de instrucción encargada de procesar a congresistas, magistrados y altos dignatarios del país.
Además, tuvo buen recibo por parte de la Comisión Primera del Senado la propuesta hecha por el senador Parmenio Cuellar, del Polo, de crear el Consejo Superior de Política Criminal, integrado por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General, entre otros expertos judiciales.
Aparte del tema de la reforma a la tutela, otro en los que no hubo plenos consensos, pero que finalmente fue aprobado, es el de otorgarle facultades jurisdiccionales a abogados y notarios, tal como lo propone el Gobierno y en el que se han apartado las altas Cortes.
El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo, se opuso a tal disposición, argumentando que se estaría violando la independencia judicial.
Otro de los temas que causó polémica en la Comisión, pero que no fue incluido en la discusión de la iniciativa, fue una propuesta presentada por el senador conservador Roberto Gerlein de otorgarle facultades al Presidente de la República de conceder indultos o amnistías a quien considere pertinente.
Quedó también por ahora fuera del trámite de la iniciativa, la propuesta hecha por varios representantes a la Cámara de quitarle la facultad al Procurador General de procesar disciplinariamente a los congresistas.