El Consejo de Estado condenó a ocho concejales de Tunja, que ejercieron en el periodo 1990-1992, a pagar las sumas que debió cancelar el municipio por el retiro ilegal del que fue sujeto el contralor municipal de la época.

En su momento, seis de los cabildantes se apartaron de la decisión y manifestaron la ilegalidad de la actuación, siete a favor de la destitución del funcionario y uno en blanco. Tal disposición llevó al ex contralor a interponer una demanda de reparación, que le fue favorable, y en la cual se obligó al municipio a pagar cerca de 17 millones de pesos de la época.

Por tal razón, y considerando la ilegalidad de la actuación, el municipio interpuso acción de repetición en contra de los servidores públicos que votaron la destitución.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, explicó que en este caso se cumplieron los requisitos para que proceda la acción de repetición, pues la entidad pública fue condenada  por la conducta gravemente culposa de los concejales y pagó el monto de la condena.